En un contexto de fuerte caída de la coparticipación nacional, el gobernador Claudio Poggi envió este martes a la Legislatura dos nuevos proyectos de ley que buscan prorrogar el estado de emergencia económica y declarar, además, la emergencia habitacional en toda la provincia. La medida apunta a garantizar salarios estatales y reactivar la política de viviendas tras años de paralización.
Emergencia económica: más control, menos expansión
El primer proyecto extiende por dos años la actual Ley de Emergencia Pública, vigente desde diciembre de 2023, incorporando como novedad la creación de una reserva equivalente a dos meses de sueldos y planes sociales. El objetivo, según el Ejecutivo, es “evitar despidos y garantizar los pagos ante un escenario nacional incierto”.
La medida se enmarca en un contexto de derrumbe de los ingresos por coparticipación, que según estimaciones oficiales caerían este año al nivel más bajo de la última década.
Entre los puntos salientes del nuevo esquema se encuentran:
- Congelamiento de la planta de personal estatal.
- Suspensión del ingreso al Plan de Inclusión Social.
- Reafirmación del tope al gasto público y eliminación de nuevas estructuras burocráticas.
“Sin esta herramienta, el Estado no podría funcionar ni pagar sueldos en medio de la turbulencia económica actual”, remarcaron voceros del oficialismo. La decisión consolida la línea de ajuste profundo que viene implementando Poggi desde su asunción, siendo uno de los gobernadores más férreos en la aplicación de la llamada “motosierra”.
Emergencia habitacional: el plan “Tenemos Futuro”
La segunda iniciativa legislativa declara la emergencia habitacional y asigna al menos el 50 % del presupuesto de obra pública a la construcción de viviendas. Esta medida da forma institucional al programa “Tenemos Futuro”, que según el Gobierno ya cuenta con 66.504 familias inscriptas, lo que representa cerca del 30 % de la población provincial.
El ministro de Obras Públicas, Gustavo Bertolini, cuestionó el abandono de la política habitacional durante la gestión anterior y subrayó que el gobierno actual “asumió sin datos ni registros reales”. Según detalló, más de 190.000 personas están a la espera de una solución habitacional.
Los principales ejes del proyecto son:
- Relevamiento integral de terrenos fiscales.
- Creación de una Secretaría de Vivienda, sin generación de nueva planta política.
- Ejecución de obras con reasignación de fondos existentes, sin incrementar el gasto.
Un equilibrio delicado
Si bien las nuevas medidas buscan garantizar cierta estabilidad ante la crisis nacional, sectores opositores y analistas advierten que el enfoque prioriza el orden fiscal por sobre la reactivación económica. También alertan sobre el impacto de un congelamiento prolongado de la planta estatal y la falta de incorporación de nuevos beneficiarios al Plan de Inclusión, en un contexto de alta informalidad y pobreza creciente.
Con este doble proyecto, Poggi refuerza su impronta de gestión austera, disciplinada y de fuerte control del gasto, consolidando su perfil como uno de los mandatarios provinciales más alineados con las políticas de ajuste estructural a nivel nacional.
