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Gendarmería incauta $52 millones sin respaldo legal en control vial entre Córdoba y San Luis

Un operativo de rutina de Gendarmería Nacional en el peaje La Punilla, sobre la Ruta Provincial 1 en el límite entre San Luis y Córdoba, derivó en el hallazgo de una cifra millonaria: 52 millones de pesos que su propietario no pudo justificar.

El conductor, identificado como Edgar Elías González, circulaba en un Chevrolet Aveo gris cuando fue interceptado por los gendarmes. De forma voluntaria, permitió la revisión del vehículo. En el baúl hallaron una caja de cartón cerrada con cinta de embalaje; al abrirla, albergaba un fajo de billetes cuya cifra y tipo (pesos o moneda extranjera) González no pudo precisar, ni tenía documentación que respalde su origen.

Durante la inspección, el hombre admitió poseer otros 26 millones de pesos, supuestamente producto de la venta de un vehículo, pero tampoco presentó comprobantes al respecto. En total, el efectivo incautado por los uniformados ascendió a 52 millones de pesos.

La Gendarmería notificó al fiscal federal subrogante Federico Baquioni. A su vez, por orden del juez federal Juan Carlos Nacul, se procedió al secuestro del dinero y a la apertura de una investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal comunicando la posible infracción a la Ley 25.246. El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Villa Mercedes.

El magistrado Nacul explicó que ahora corresponde determinar si los fondos provienen de actividades ilícitas o si hubo evación fiscal. “Se debe establecer la licitud del dinero y confirmar si fue ingresado al circuito financiero tras una posible compra clandestina y transformación”, remarcó el juez.

Según la causa, González declaró que parte del dinero pertenecería a un tal Eduardo Fernando Ceferino Machuca, proveniente de Río Cuarto (Córdoba), quien también se desplazaba con él. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas sobre dicha vinculación ni su traslado hasta Villa Dolores.

El conductor permanece a disposición del Juzgado. La causa avanzará con peritajes contables y fiscales para esclarecer si los 52 millones constituyen un caso de lavado, evasión o enriquecimiento ilícito.

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