Docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales de San Luis (UNSL, UNViMe y UNLC) inician esta semana una contundente medida de fuerza en respuesta al desfinanciamiento que atraviesan desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
La protesta se enmarca dentro del paro nacional dispuesto por CONADU Histórica, que convocó a una suspensión total de actividades del 11 al 17 de agosto, y que se prolongará con paros semanales de 48 horas entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre. En San Luis, la adhesión se amplifica con acciones propias desde el Frente Gremial Universitario local, evidenciando una realidad crítica para la educación superior pública.
Contexto local: desfinanciamiento y respuestas institucionales insuficientes
- La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se encuentra con serias dificultades financieras. Su rector, Víctor Moriñigo —quien también preside el CIN— advirtió que, de mantenerse el presupuesto de 2023, los recursos universitarios solo alcanzarían para operar un plazo de cuatro meses.
- Además, en años recientes, las universidades nacionales registraron una reducción de hasta un 30 % en su presupuesto general, producto de la política de ajuste impulsada por el gobierno nacional.
- Esta situación crítica también fue señalada por rectores en un encuentro del CIN, quienes denunciaron la “indiferencia del gobierno de Milei frente a la crisis universitaria” y alertaron sobre el deterioro en infraestructura, investigación y becas.
- A nivel nacional, el presidente del CIN señaló que las políticas de ajuste representan una amenaza real a la existencia de la universidad pública, al advertir que el gobierno busca “la muerte por inanición de la universidad pública”.
Esquema del paro en San Luis
- Del 11 al 17 de agosto: paro total de actividades en las universidades nacionales de la provincia.
- Desde el 18 de agosto al 7 de septiembre: paros de 48 horas semanales en días variables, acompañados por movilizaciones y clases públicas.
La comunidad universitaria exige salarios dignos, recursos suficientes para investigación, becas activas y mantenimiento de infraestructura. El clamor es a una recomposición presupuestaria urgente y la apertura de un diálogo efectivo con el Ejecutivo.
