El Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, confirmó este martes que el número de víctimas por la administración de fentanilo contaminado en Argentina ascendió a 96 personas. El balance revela un fenómeno de salud pública que trasciende la provincia de Buenos Aires, alcanzando Córdoba, Santa Fe, Formosa y Bahía Blanca.
Expansión geográfica
Entre los nuevos casos figuran tres fallecimientos en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, siete en el Instituto del Diagnóstico de Santa Fe, nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca y el segundo caso confirmado en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba. En este último, el director médico, Claudio Pereyra Sueldo, informó que entre 5.000 y 6.000 historias clínicas están siendo revisadas por sospecha, aunque enfatizó que todos los lotes contaminados fueron retirados y los pacientes citados para cirugía están tranquilos.
El caso de Córdoba incluye un bebé afectado que ya muestra signos de recuperación y se recupera junto a sus padres en sala común, con secuelas menores a las temidas.
Estado judicial y sanitario
El juez Kreplak señaló que todavía se investiga la proporción real de víctimas, dado que pueden existir más casos sin reportar (“cifra no llegó a techo”). El lote sospechoso —el número 31.202— contenía bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, responsables de brotes de neumonía en pacientes hospitalizados, incluyendo el Hospital Italiano de La Plata.
Hasta el momento fueron aplicadas unas 45.000 ampollas, se recuperaron 115.000, y cerca de 30.000 permanecen bajo custodia médica. Alrededor de 24 personas vinculadas a los laboratorios HLB Pharma o Ramallo están bajo restricciones judiciales, incluyendo inhibición de salida del país y embargo de bienes.
Silencio del Estado y cobertura mediática parcial
Pese a la gravedad del caso, el gobierno nacional y el ministro de Salud, Mario Lugones, han mantenido un silencio que genera alarma. No hubo declaraciones públicas contundentes ni estrategias de comunicación robustas, lo que ha sido interpretado como una visibilización tardía del problema, lejos de una respuesta urgente en salud pública.
El Ministerio de Salud distribuyó la ANMAT como querellante, pero no se lo vio al ministro Lugones frente a los medios. Por otro lado, en medios tradicionales la noticia pasó casi inadvertida, relegada por otras agendas. Las familias de las víctimas han denunciado desinformación y opacidad, cuando se trata de una crisis sanitaria de magnitud nacional.
