En un fallo con peso constitucional, la Justicia federal declaró inválido el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), aprobada por el Congreso. La decisión judicial marca un revés para la Casa Rosada y redefine el rumbo de la protección a derechos esenciales.
El fallo clave
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, consideró que el veto presidencial violaba no sólo compromisos legales en materia de derechos humanos, sino también normativas internacionales ratificadas por Argentina. En su resolución, afirmó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
El fallo responde a un recurso de amparo presentado por padres de menores con trastornos de desarrollo, quienes denunciaron un “estado de incertidumbre” ante la posible interrupción de tratamientos esenciales, y advirtieron sobre el riesgo de un daño irreversible.
El juez calificó como “arbitrario” el veto, señalando que los argumentos del Poder Ejecutivo—como la falta de asignación de partidas y supuestas irregularidades en la sanción legal—carecían de sustento real. Además, afirmó que el Estado puede “reconducir las partidas como considere oportuno” para hacer viable el cumplimiento de la ley.
Contexto y repercusiones
- En julio, el Congreso había aprobado por amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, que incluía actualizaciones de aranceles, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, financiamiento de pensiones no contributivas y creación de empleo protegido.
- Sin embargo, el 2 de agosto, el presidente Milei vetó la ley—junto a otras dos referidas a aumento a jubilaciones y moratoria previsional—alegando que atentaban contra el equilibrio fiscal y se trataba de medidas regresivas.
Un triunfo judicial con impacto político
El fallo judicial no solo restituye automáticamente la vigencia de la ley, sino que deja al Ejecutivo en una posición incómoda: el Gobierno podría apelar, pero la decisión introduce un precedente relevante en el control de los vetos presidenciales frente a derechos sociales consagrados.
Activistas, familias e instituciones celebraron la medida. Al mismo tiempo, se espera una respuesta política sólida por parte del Congreso, que podría impulsar la ley nuevamente en caso de que el veto no sea sostenido.
