Un joven de 25 años, detenido por robo calificado, permanece en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo tras prender fuego el colchón de su celda como parte de un nuevo intento de suicidio. El episodio, además de recrear imágenes de sufrimiento e inacción, pone en evidencia las fallas estructurales de un sistema penitenciario que parece estar siempre un paso atrás.
Había intentado quitarse la vida dos veces antes del incendio
Fuentes del Ministerio de Seguridad reconocieron que el interno recibía contención psicológica y medicación psiquiátrica —una cobertura que aseguran supera a la disponible fuera del penal—, y atribuyeron el incendio al desesperado intento de terminar con su vida. Sin embargo, esta protección “amplia” claramente no fue suficiente. La hermana del detenido reveló en redes sociales que, aquel día, él ya había intentado suicidarse por otros medios antes de prenderse fuego, lo que subraya la gravedad de su estado mental y la falta de atención real.
El joven fue trasladado inmediatamente al Hospital Ramón Carrillo, donde fue internado con quemaduras graves y riesgo vital. Hasta ahora, sobrevive, pero el pronóstico sigue siendo reservado. El derrotero de estas horas refleja lo dicho por el Ministerio: “Aun con contención, estas situaciones pueden ocurrir”, frase que suena más a excusa que a reconocimiento.
Que los internos tienen acceso a psicólogos y psiquiatras no es consuelo cuando la campaña jurídica culmina sin estrategias reales de prevención efectiva ni protocolos de crisis funcionales. El incendio fue el volcán final, pero demuestra que el volcán estaba en erupción hace rato.
Estos hechos últimos cinco días deben ser una alarma roja: el sistema penitenciario y la política de salud mental en contextos de encierro están fallando sistemáticamente. Esta vez, el sobreviviente está en terapia intensiva, pero el sistema —en su lógica rígida— continúa operando sin autocritica real.
