Desde la tarde del martes, cientos de personas con discapacidad, familiares, prestadores y organizaciones sociales mantienen una vigilia con velas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Buscan visibilizar su reclamo por el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y presionar para que la Cámara de Diputados revierta esa decisión en la sesión de este miércoles.
Una convocatoria con respaldo y simbolismo
La convocatoria fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no solo reunió a familias y prestadores, sino también a figuras del mundo cultural como León Gieco y Gustavo Santaolalla, que se sumaron bajo la consigna: “basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”.
Con paraguas y velas en mano, desplegaron una vigilia que se transformó en una procesión simbólica. Cerca del emblemático edificio presidencial, se alzaron consignas como “Sin la ley, estamos condenados”, “No al veto,” y “Que los diputados pongan el corazón donde lo tienen que poner”, en voces como la de Débora Ferrilli, madre y activista clave en la protesta.
Un conflicto que viene escalando
Las manifestaciones se suman a una serie de protestas recientes. En agosto, miles se movilizaron frente al Congreso con pancartas que señalaban: “Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad,” mientras la gendarmería intentó desalojarlos, generando momentos tensos y cargados de emoción.
Además, en ciudades como Rosario se replicaron los reclamos con lemas como “No pedimos un favor, es nuestro derecho,” y se marchó para rechazar la decisión presidencial.
El corazón del reclamo
La Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada en julio por amplio consenso en el Congreso— buscaba garantizar la actualización de aranceles, asegurar pensiones no contributivas, financiar transporte adaptado, terapias, centros de día y la inclusión laboral. Sin embargo, el veto presidencial la dejó temporalmente paralizada, a pesar de su impacto prácticamente simbólico en el presupuesto nacional.
Pablo Molero, del Foro Permanente, explicó que los aranceles a prestadores están desfasados en un 73 %, y que el salario de trabajadores de talleres protegidos ronda solo los $28.000 mensuales. La ley buscaba revertir ese retroceso estructural.
El Estado ausente
Para muchos participantes, el veto representa más que una decisión fiscal: es un abandono. Los prestadores atraviesan una crisis grave: cobran con demoras de hasta 90 días, no pueden cubrir gastos básicos y muchos están al borde del cierre.
Este miércoles, la vigilia dará paso a una nueva movilización en Plaza del Congreso. Se espera que miles de voces —desde familiares hasta acompañantes terapéuticos— se unan para reforzar el pedido: que la ley sea ratificada y los derechos no se negocien en nombre del ajuste.
