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Justicia Federal rechazó de prisión domiciliaria y prisión preventiva por 90 días en caso de narcotráfico

El juez federal Juan Carlos Nacul dictó hoy una medida contundente en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes: ordenó el traslado a prisión del imputado, un hombre de 41 años, rechazó su solicitud de prisión domiciliaria y le impuso 90 días de prisión preventiva.

Detalles del caso

El imputado —detenido el pasado 29 de agosto en un operativo en su vivienda, ubicada en Sallorenzo al 900— está acusado de liderar una red de distribución de estupefacientes en modalidad de venta domiciliaria y delivery. Durante el allanamiento, la Fiscalía incautó marihuana, cocaína fraccionada, plantas de cannabis sativa, LSD, semillas, balanzas de precisión y varios dispositivos electrónicos, que serán objeto de peritaje.

El fiscal Danilo Miosevic solicitó la prisión preventiva, alegando la existencia de abundantes pruebas que vinculan al imputado con la operación, incluyendo contactos con proveedores sospechosos —entre ellos integrantes de clanes familiares ya detenidos—. 

El fallo del juez Nacul

El magistrado no hizo lugar al pedido de la defensa, que había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria bajo el argumento de consumo personal, arraigo, empleo comprometido y su responsabilidad familiar como sostén del hogar. Nacul fundó su negativa señalando la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la posible obstaculización del proceso judicial si se permitía una medida menos restrictiva.

Por ello, dispuso 90 días de preventiva para asegurar el avance de la investigación, ante la complejidad del caso —que exige análisis de múltiples celulares, posibles conexiones con bandas narcos y relevamientos de pruebas electrónicas—. 

Esta decisión se inscribe en una línea firme de respuesta por parte de la Justicia Federal en San Luis contra el narcotráfico. En junio, el mismo juez Nacul ya había dictado prisión preventiva para 19 personas implicadas en redes narco que transportaban cocaína desde el AMBA hacia Villa Mercedes y Merlo, con embargos millonarios e inhibiciones de bienes. 

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