El presidente Javier Milei tiene en sus manos esta semana una decisión que podría amplificar la tensión política en la Argentina: el plazo para vetar total o parcialmente tres leyes clave vence este jueves, y todo indica que avanzará con la negativa. Fuentes oficiales confirmaron a El Destape que el mandatario ratificó la intención de frenar las normas que garantizaban fondos al Hospital Garrahan, a las universidades públicas y a las provincias, generando un nuevo capítulo de enfrentamiento con el Congreso y la sociedad.
Las tres iniciativas en cuestión son:
- La ley de emergencia pediátrica, que incluye asignaciones al Hospital de Pediatría Garrahan.
- La ley de financiamiento universitario, destinada a actualizar presupuestos para salarios, infraestructura y becas.
- La ley de distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores para eliminar discrecionalidad en el reparto de fondos.
El núcleo del argumento de Milei gira en torno al equilibrio fiscal. Como ha repetido con frecuencia, su gobierno se declaró en “muralla fiscal” frente a cualquier normativa que implique un aumento del gasto público. Esta postura ya lo llevó a vetar antes otras leyes sociales—como el aumento de pensiones o la emergencia en discapacidad—y aunque obtuvo respaldo parcial, el retroceso político resultante ha sido alto.
El panorama legislativo es complejo: si el Presidente ejerce los vetos, la oposición cuenta con los votos suficientes para insistir en el Congreso, donde podría revertir su decisión con mayorías de dos tercios. Este escenario ya fue probado en otros proyectos similares.
La comunidad educativa y médica ya salió a advertir: una marcha federal y paro nacional están en carpeta. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan afirmó con dureza: “si el Presidente veta estas leyes, lo vamos a vetar a él en las calles”. La CONADU, que agrupa a docentes universitarios, anunció un paro y una Marcha Federal si el financiamiento universitario es rechazado.
Este contexto ocurre apenas días después de la pronunciada derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en plena campaña para las elecciones legislativas de octubre. En ese marco, el Gobierno no solo arriesga una derrota política, sino que suma motivos para que colectivos del sistema público —como hospitales y universidades— eleven su presión callejera.
