En medio de una semana de alta tensión política, las universidades nacionales y los trabajadores del sistema educativo se organizan para salir masivamente a la calle en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica (que incluía partidas para el Garrahan), además de la norma sobre la distribución de ATN. El gobierno ya remitió los vetos al Congreso y los gremios convocaron a un paro de actividades y a una Marcha Federal que promete reunir a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país.
La consigna que se instaló en los últimos días —y que ya circula como lema central de la movilización— resume el sentir de la docencia: “Si hay veto, hay marcha”. La Federación Nacional de Docentes Universitarios y organizaciones como CONADU y sus ramas advirtieron que el rechazo ejecutivo no quedará sin respuesta y aprobaron la convocatoria a un paro nacional con bloqueos y una movilización masiva al Congreso en la próxima semana si la Cámara no frena el veto.
Los trabajadores del Hospital Garrahan, por su parte, se sumaron a la convocatoria y anunciaron medidas conjuntas con los sindicatos universitarios. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan advirtieron que la decisión de no financiar la emergencia pediátrica será respondida con “paros y movilizaciones masivas” y que el hospital no aceptará recortes que pongan en riesgo la atención de los chicos. La advertencia se suma a la ya intensa reacción de rectores, decanos y asociaciones estudiantiles que reclaman la vigencia de la ley aprobada por el Parlamento.
La convocatoria llega en un momento de contraste político evidente: apenas días atrás la fuerza oficialista sufrió una derrota relevante en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró una amplia victoria. Aun así, el Gobierno decidió avanzar con mano firme y vetar las normas que garantizaban aumentos automáticos y partidas para universidades, hospitales y para los gobernadores a través de los ATN. Para los organizadores de la movilización, ese gesto demuestra que, pese al veredicto de las urnas, el Ejecutivo apuesta a acelerar su plan de ajuste —la llamada “motosierra” por sus críticos— en lugar de dar señales de apertura.
Los organizadores prometen que la protesta no será solo simbólica: el paro anunciado para este viernes (con afectación en todas las universidades del país) será la antesala de una Marcha Federal que, según fuentes sindicales, se hará el día que el Congreso trate el veto o cuando se convoque a sesión especial para intentar su rechazo. Los gremios confían en conseguir espacios de presión que obliguen a la discusión política y a un eventual tratamiento que busque revertir la decisión del Ejecutivo.
En el plano institucional la disputa tiene aristas inmediatas: el voto con que se aprobaron algunas de estas leyes volvió a poner en evidencia la capacidad de la oposición para reunir mayorías que podrían insistir en rechazar el veto en el Congreso. Esa pulseada legislativa, sumada a la movilización social, configurará los próximos días como una gran prueba para la gobernabilidad y para la capacidad del Ejecutivo de avanzar con su plan sin desgaste social. Mientras tanto, la marea de docentes, no docentes y estudiantes que se prepara para marchar anuncia jornadas de conflicto y una agenda pública dominada por el reclamo por la financiación de la educación y la defensa de los hospitales públicos.
