El presidente Javier Milei firmó este jueves el veto total a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, una norma que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que era reclamada por los mandatarios provinciales. El decreto que bloquea la medida ya fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Senado para su consideración.
La iniciativa vetada proponía reglas más transparentes y automáticas para el reparto de los ATN —un mecanismo que los gobernadores utilizan para compensar desequilibrios fiscales y financiar urgencias locales— y había recibido el impulso conjunto de las principales fuerzas opositoras en el Parlamento. Su sanción legislativa fue interpretada por mandatarios provinciales como una respuesta al centralismo y a la discrecionalidad del Ejecutivo sobre esos fondos.
Desde la Casa Rosada, la justificación oficial para frenar la norma fue la misma que ya sirvió para vetos anteriores: el gobierno sostiene que su aplicación comprometería el equilibrio fiscal y que no se definieron fuentes de financiamiento compatibles con la meta de reducción del gasto público que Milei proclama como columna de su gestión. El veto se produce apenas días después de reuniones en las que el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, intentó recomponer la relación con los gobernadores, un objetivo que ahora queda en entredicho.
La decisión encendió de inmediato la alarma en las provincias. Líderes provinciales y bloques provinciales calificaron el veto como un gesto de ruptura y advirtieron que el Ejecutivo está reteniendo recursos que, en su visión, pertenecen al interior productivo y a la gestión local. La escalada llega en un momento de tensión política: el oficialismo acumula derrotas parlamentarias recientes y la operatoria de vetos se percibe como una forma de avanzar con la agenda de ajuste todavía en contra de mayorías legislativas.
El escenario inmediato es jurídico y político: el veto deberá ser tratado por el Senado, que puede mantenerlo o rechazarlo con el quórum y las mayorías previstas por la Constitución; en paralelo, la pulseada política promete intensificarse con llamados a sesiones especiales, presiones de gobernadores y posibles demandas políticas y administrativas. Para el Gobierno, vetar la ley supone asumir un costo político alto, pero lo ven como coherente con su apuesta a la “muralla fiscal”; para los gobernadores, en cambio, representa la pérdida de una herramienta para atender urgencias provinciales y garantizar recursos con transparencia.
En la lectura cotidiana, lo que se está viendo es que la respuesta de la Casa Rosada a los reclamos territoriales ha sido sistemáticamente el veto: una receta que, pese a su defensa técnica por parte del Ejecutivo, alimenta el desencuentro con las provincias y endurece la percepción de que la política pública se reduce a recortes y restricciones en lugar de acuerdos federales. El resultado inmediato ya es visible: más tensión política, incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos para obras y servicios locales, y la posibilidad de que la disputa derive en nuevas fricciones institucionales en las semanas previas a las elecciones legislativas.
