Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor del presidente Javier Milei, declaró ayer ante el fiscal Franco Picardi por la causa que investiga los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En estas grabaciones, Spagnuolo alude a un presunto sistema de coimas donde estarían involucradas Karina Milei y “Lule” Menem. Cerimedo negó rotundamente haber sido quien grabó o filtró esos audios, aunque admitió que mantuvo una amistad política con Spagnuolo y que conversaban sobre temas internos de política.
Durante su declaración en Comodoro Py, Cerimedo sostuvo que los audios, en su origen, no fueron parte de una “operación” compleja, sino que simplemente “alguien los tenía guardados” y los pusieron en circulación “en época de elecciones”. Además, atribuyó la difusión al contexto electoral, sugiriendo que el timing fue elegido para maximizar daño político.
El consultor también admitió que conocía denuncias de corrupción y coimas por lo que decía Spagnuolo, pero enfatizó que no participó en la grabación ni la filtración. Aclaró que su vínculo con Spagnuolo era directo, que ambos trabajaron en la campaña de La Libertad Avanza, y que su relación se deterioró por cuestiones personales cuando su esposa dejó su cargo en ANDIS.
Lo que revela el caso y lo que está en juego
Este caso cobra relevancia no sólo por las acusaciones en sí, sino por lo que implica para la gobernabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Atentar contra la democracia —aun con audios, con filtraciones, con sobornos aparentes— siempre tiene su costo ante la ley, ante la opinión pública y ante la Historia.
El juez federal Sebastián Casanello es quien lleva adelante la causa principal por presuntas coimas en la ANDIS. Hay allanamientos, decomisos, versiones encontradas, y ahora declaraciones que entran al detalle de quién sabía qué, quién habló con quién, y qué partes de esas conversaciones podrían configurar delito.
Cerimedo niega conocer al autor material de la grabación o la filtración, dice que no sería lógico “tirarle una bomba” al gobierno del que formaba parte, y que si los audios reflejan cosas reales, correspondía que Spagnuolo hubiera denunciado formalmente.
