El escándalo judicial-provincial protagonizado por la fiscal Daniela Cristina Torres dio un giro decisivo este fin de semana. El gobernador de San Luis aceptó su renuncia mediante el Decreto N° 18036-MG-2025, con vigencia desde el 9 de septiembre, lo que produjo la suspensión inmediata del juicio político que debía iniciar el 16 de septiembre en el Palacio de Justicia.
¿De qué se la acusaba?
Torres estaba enfrentando una denuncia por su actuación en una causa iniciada en 2024 por hurto y robo con arma, correspondiente a Villa Mercedes. Los puntos clave de la acusación incluyen:
- En uno de los allanamientos, se incautaron $473.020, pero ella demoró 13 días en devolver el dinero a pesar de una orden del juez Matías Farinazzo Tempestini.
- Nunca remitió esos fondos a la Oficina de Secuestros Judiciales, lo cual puso en duda la trazabilidad, identidad, y cadena de custodia del dinero.
Suspensión, sanciones previas y formalización de cargos
- A fines de mayo de 2025, el tribunal que investigaba admitió la formación de causa contra Torres. En ese momento fue suspendida en sus funciones, pero continuó percibiendo el 50% de su sueldo.
- Los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri formalizaron los cargos en una audiencia ante el juez Santiago Ortiz el 31 de julio.
Lo que cambia con su renuncia
- Se cancela el juicio político programado para el 16 de septiembre, lo cual evitó que se lleven a cabo las audiencias públicas previstas, que además iban a transmitirse por YouTube.
- El proceso no seguirá su curso formal frente al Jurado de Enjuiciamiento como estaba previsto.
