En una semana cargada de decisiones polémicas, el gobierno de Javier Milei anunció dos medidas que desatan preocupación entre analistas sociales y económicos: la eliminación temporal de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre, y la promulgación de la ley de Emergencia en Discapacidad que quedó suspendida hasta que el Congreso asigne los fondos que requiere. En ambos casos, el discurso oficial apunta a “salvar al país” y asegurar divisas, pero la realidad señala una estrategia que favorece a los sectores con mayores recursos, recorta derechos y apuesta al endeudamiento como solución electoral.
Qué decidió el Gobierno y por qué
- Retenciones cero para granos hasta el 31 de octubre
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se eliminarán las retenciones para todos los granos y subproductos hasta esa fecha, o hasta que se concreten Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. Esta medida involucra a soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, entre otros. El objetivo declarado es aumentar la oferta de dólares y reforzar las reservas del Banco Central, las cuales se han visto erosionadas recientemente. - Promulgación con suspensión de la ley de Emergencia en Discapacidad
Aunque el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó la ley que declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, el Ejecutivo publicó el Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial disponiendo que la norma quedará suspendida, sin aplicación inmediata. El motivo es que no hay fondos asignados todavía, y se condiciona su puesta en marcha a que el presupuesto nacional del año próximo contemple las partidas necesarias.
Contradicciones, beneficiados y riesgos
- Estas medidas parecen pensadas más con un ojo puesto hacia las elecciones que con otro hacia la justicia social o la sostenibilidad fiscal. La baja de retenciones beneficiará principalmente a productores exportadores agroindustriales y quienes guardan granos para especular con precios y tipos de cambio, dejando poco margen para quienes menos tienen.
- En cambio, la gente con discapacidades que esperaba que la ley de emergencia sea una respuesta real, hoy se topa con que la ley existe solo en el papel. No hay pagos, no hay servicios mejorados, no hay presupuesto garantizado, lo que se siente como otro recorte camuflado por la promesa.
- Además, estas decisiones dejan claro que el gobierno prioriza el acceso a dólares baratos por exportaciones (para contener la cotización oficial del peso o las reservas) antes que pagar deudas sociales urgentes.
Endeudamiento como herramienta electoral y hacia dónde podría llevar esto
- Al no recaudar por retenciones, el Estado pierde ingresos que ya están presupuestados. Esa merma fiscal debe compensarse de alguna forma: algunos sospechan que con más deuda externa o con emisión de deuda en los mercados internacionales, lo que incrementa el riesgo país y los costos financieros del país.
- Que el Estado recorte partidas sociales, deje leyes sin aplicación efectiva, mientras aplica beneficios fiscales a sectores con mayor capacidad de operar en los mercados globales, revela un sesgo de clase en estas políticas. Las promesas no cubren lo urgente de quienes más lo necesitan.
- Si estos tipos de políticas se prolongan, pueden generar fuertes distorsiones: caída del financiamiento estatal para salud, educación o discapacidad, aumento de tarifas, inflación, menor poder adquisitivo para los sectores populares, mientras crece la desigualdad y la carga del peso político recae sobre quienes menos tienen.
Hasta ahora, la estrategia parece clara: reducir impuestos al agro, postergar obligaciones sociales urgentes, fomentar exportaciones para que ingresen dólares, y conseguir respaldo externo para cerrar los déficits fiscales. Pero esas acciones tienen un límite. Si se gasta más de lo que se tiene, si se posterga lo social para cumplir promesas electorales, si la deuda externa crece sin señales de cómo se va a pagar, el costo recaerá sobre los sectores menos favorecidos del país.
El desafío para Milei será demostrar que estas medidas no sólo logran estabilizar el dólar o reforzar reservas momentáneamente, sino que también mantienen derechos básicos, dignidad social, y no dejan deudas heredadas que el futuro gobierne tendrá que cargar.
