Gabriela Ricart, docente de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), presentó una denuncia pública que pone en evidencia lo que muchos sospechaban: Alejandro Cacace, dirigente de la UCR, continúa percibiendo su salario como responsable y presidente de mesa de la cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de Abogacía, a pesar de estar cumpliendo funciones desde diciembre de 2024 como subsecretario de Reformas Estructurales del Estado.
Ricart elevó una nota al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Héctor Flores, solicitando que se aclare la situación salarial, que Cacace haga efectiva la licencia correspondiente, y en caso de corresponder, que devuelva lo percibido desde que asumió el cargo nacional bajo el Decreto 1080/2024, que lo designa en funciones formales en la Ciudad de Buenos Aires desde el 1 de diciembre de 2024.
También se recuerda que la norma universitaria (Ordenanza C.S. Nº 30/08 de la UNSL) establece incompatibilidades entre el ejercicio de cargos nacionales de poder político o designaciones ejecutivas y la docencia universitaria activa, lo que fortalece la denuncia de la docente.
Mientras tanto, el propio Cacace fue promovido recientemente: dejó de ser subsecretario de Reformas Estructurales y ahora fue designado como Secretario de Desregulación del Estado nacional mediante el decreto 644/2025, asumiendo mayores responsabilidades en el gobierno de Milei.
Este episodio vuelve a iluminar una contradicción habitual en discursos de quienes aseguran luchar contra la “casta”. Aquí hay quien combina cargos políticos nacionales con percepciones de salario universitario —un salario pagado por todos los contribuyentes— a pesar de no cumplir la función docente completa, según la denuncia.
Alguien que ocupa un puesto político con sede en Buenos Aires, trabajando para el gobierno nacional, debe cumplir la licencia respectiva o renunciar a la docencia activa. No parece haber una razón legítima que justifique cobrar dos salarios públicos al mismo tiempo si no se realiza ambas tareas, o si una impide a la otra.
La situación evidencia además cómo se utilizan leyes, decretos y cargos estatales como herramientas de acumulación de recursos, no siempre de servicio público. El Estado se encuentra con dirigentes que multiplican sus fuentes de ingreso y responsabilidades, mientras sectores vulnerables de la población esperan aplicaciones reales de derechos —salud, educación, discapacidad— ante promesas que muchas veces quedan en papel.
La denuncia de Ricart no solo pide una corrección puntual: exige transparencia, coherencia y responsabilidad política. ¿Puede un gobierno que promete austeridad y combate a la casta tolerar estas duplicidades?
