Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas asesinadas y enterradas en un descampado de Florencio Varela tras haber sido engañadas para asistir a una fiesta. Las primeras investigaciones apuntan a que los autores materiales del crimen pertenecen a una organización narco de la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, según fuentes judiciales y policiales. El caso conmueve al país por su brutalidad y por cómo vuelve el debate sobre la responsabilidad institucional frente a los femicidios.
El vehículo que trasladó a las jóvenes fue hallado incinerado a unos 700 metros del lugar donde aparecieron sus cuerpos. Cámaras de seguridad muestran el momento en que suben a la camioneta en La Matanza, sin sospechar la trampa que las esperaba. Mientras se reconstruye su trayecto —que incluye cruces por la avenida General Paz—, la justicia analiza rastros de sangre, olores de limpiadores y señales de manipulación en la escena del crimen.
Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense indican que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de participar en un evento social, pero que lo que fue preparado era un plan criminal organizado por redes narco que operan desde la villa porteña. “Es una venganza narco”, admitió el ministro Javier Alonso, señalando que la estructura delictiva habría preparado la estrategia de asesinato con planificación.
Mientras tanto, los mismos caranchos de siempre:
Una de las constantes en este caso es cómo ciertos medios, sobre todos los de gran audiencia y voces alineadas al gobierno comenzaron a apuntar a las jóvenes como si tuvieran culpa por estar en la “zona roja”, asistir a fiestas o frecuentar redes peligrosas. Esa narrativa revictimiza: desplaza el foco del crimen hacia cómo viven las mujeres, en lugar de señalar a quienes las asesinaron. Una vez más, los titulares preguntan “qué hicieron” en vez de “quién las mató”.
Es triste y enfurecedor que las piezas mediáticas reproduzcan discursos moralistas cuando lo que corresponde es exigir justicia, rastreo de redes criminales, capturas de responsables materiales e intelectuales, fortalecimiento del sistema de seguridad, protección real para mujeres y niñas, y sanciones ejemplares.
Marcha y represión
Anoche, bajo el grito de “¡Basta de matarnos!”, cientos de mujeres y colectivos feministas se movilizaron en distintos puntos del país —entre ellos Plaza Flores— exigiendo justicia por Brenda, Morena y Lara. En Buenos Aires, la Policía intentó reprimir la concentración con vallas y cortes, pero se encontró con que las manifestantes avanzaron y obligaron a replegar a los uniformados.
Las mujeres marcharon con velas, fotos de las víctimas, pancartas contra el Estado y discursos que reclamaban respuestas inmediatas: que no haya más impunidad, que las políticas de género no sean de papel, y que la violencia machista deje de ser desatendida.
Este crimen no es solo un hecho policial brutal: es un símbolo doloroso de cómo operan las redes de muerte en Buenos Aires y del costo que pagan mujeres jóvenes con cuerpos vulnerables. Que los perpetradores vinculen su accionar a una villa que opera como semillero de narcotráfico no exime al Estado de responsabilidad: investigaciones débiles, estructuras policiales permeables, discursos que culpan a las víctimas y sistemas judiciales ineficaces son parte de la trama detrás del horror.
