La alegría fue breve: apenas tres días después de su eliminación, el gobierno volvió a reinstaurar las retenciones al agro tras el cumplimiento inmediato del cupo de USD 7.000 millones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). Fue suficiente para que grandes operadores del mercado ganaran fortunas —cifras cercanas a USD 1.500 millones según estimaciones del sector— mientras el Estado perdió esos ingresos que deberían haber recaudado para fortalecer reservas, servicios públicos o amortiguar la crisis. (turn0search5)
El exdirigente de la Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo, Pedro Peretti, no disimuló su exasperación: calificó la medida de “una estafa gigantesca” y sostuvo que solo favoreció a un puñado de grandes productores y exportadoras agroindustriales en detrimento del común de las chacras más modestas.
La política oficial fue sancionada como el Decreto 682/2025, que contemplaba retenciones cero para granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta llegar al tope de DJVE. Pero la maniobra demostró lo frágil de ese esquema: bastaron dos o tres jornadas de presentaciones masivas para que se consumiera el cupo, y el beneficio que se prometió a todos se transformó en una ventana de oportunidad para los más poderosos. (turn0search1)
En el campo, el disgusto atraviesa diferentes ramas: pequeños productores, cooperativas, medianos chacareros que reclaman previsibilidad, capacidad de inversión y que el Estado no dependa de medidas exprés sujetas a cupos y ventajas para los más grandes. Muchos denuncian que esta suspensión temporal fue una jugada política de coyuntura para calmar los efectos cambiarios, más que una reforma estratégica.
La devolución de ese beneficio sustancial —millones que pasaron por manos privadas— ha dejado heridas difíciles de cicatrizar. El gobierno, por su parte, se defiende diciendo que la medida era necesaria para “sostener el dólar” y obtener divisas frescas. No obstante, la jugada aparenta más urgencia electoral que un plan económico de mediano plazo.
La opinión de Peretti resuena con quienes ven esta situación como una muestra más de cómo se privilegia al que tiene espalda financiera o acceso directo a los circuitos de comercio exterior, mientras la mayoría de los productores deben cargar con los costos estructurales del sistema.
¿Será que en unos días volverán a cambiar la regla del juego otra vez? Lo que está claro es que este episodio refuerza el argumento del campo: no se trata solo de política agropecuaria sino de la forma en que el Estado decide qué polos favorece y quiénes terminan pagando la factura.
