El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció recientemente una medida de alto impacto: la habilitación para que se puedan ingresar dólares al país sin necesidad de declarar su origen ni justificar su procedencia. El objetivo del Gobierno es claro: repatriar parte de los más de 270.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal, ya sea en paraísos fiscales, cuentas en el exterior o incluso “debajo del colchón”.
La medida fue presentada como una estrategia para fortalecer las reservas del Banco Central y dinamizar la economía, pero despertó duras críticas desde diversos sectores. Economistas, referentes del derecho penal económico y organizaciones sociales advirtieron que esta liberalización puede convertir a la Argentina en un nuevo narcoestado, al abrir la puerta al lavado de dinero y al ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas, sin controles ni exigencias tributarias.
“El gobierno está legalizando la opacidad financiera. En un país sin controles estrictos, esto puede convertir a la Argentina en un paraíso para el dinero negro y las organizaciones criminales”, advirtió un especialista en crimen financiero.
La falta de empleo, el altísimo costo de vida y una inflación que sigue golpeando los bolsillos de los sectores medios y bajos componen un escenario ya de por sí complejo. Ahora, a esta realidad se suma un nuevo riesgo: el descontrol sobre los capitales que circulan en la economía podría potenciar la desigualdad, favorecer a los evasores y excluir aún más a los sectores productivos genuinos.
Un aparato productivo en ruinas
En paralelo a estas medidas, la situación del aparato productivo argentino es dramática. Según distintos informes económicos, la industria manufacturera atraviesa una fuerte recesión, afectada por la falta de financiamiento, el aumento de costos y una apertura indiscriminada de importaciones que ha puesto en jaque a empresas nacionales de todo tamaño.
Los únicos sectores que aún se sostienen son el energético y el agroexportador, que funcionan principalmente por la demanda internacional y su capacidad de generar divisas. Esta dependencia de los recursos primarios deja en evidencia una economía cada vez más primarizada, con una estructura regresiva que pone en riesgo la generación de empleo formal y de calidad.
“La economía está en piloto automático, sostenida por los precios de la soja y el gas. Pero no hay plan para la industria, ni para las pymes, ni para los trabajadores”, señaló el economista Hernán Godoy.
El sector agropecuario, aún siendo una fuente clave de ingresos por retenciones, denuncia la presión impositiva, la volatilidad cambiaria y la falta de infraestructura para ampliar su capacidad productiva. Mientras tanto, los parques industriales se vacían y las fábricas enfrentan suspensiones y cierres.
¿El precio de la desregulación?
El nuevo esquema económico del gobierno, con foco en la liberalización de flujos financieros y la eliminación de controles fiscales, promete atraer capitales. Pero al hacerlo sin exigir transparencia ni trazabilidad, muchos temen que el país se convierta en una plaza fácil para el lavado de dinero, el crimen organizado y la corrupción institucional.
La historia reciente de la región ofrece ejemplos contundentes de cómo el dinero ilícito puede desestabilizar democracias y destruir tejido social. En una Argentina golpeada por la crisis, permitir la entrada sin filtro de capitales puede ser una apuesta de alto riesgo.
Organizaciones de la sociedad civil y referentes de la oposición ya solicitaron al Congreso que revise estas medidas y que se establezcan mecanismos de control efectivos, para evitar que, bajo la excusa de atraer divisas, se debilite aún más el ya frágil sistema institucional argentino.
