El caso que sacudió a Villa Mercedes por la transferencia errónea de más de $500 millones desde el Gobierno provincial a una vecina de la ciudad, Verónica Acosta, sumó en las últimas horas una resolución judicial clave: la Cámara de Apelaciones resolvió de manera favorable el recurso presentado por la defensa, eliminando las fianzas millonarias que se les exigían a los imputados y descartando las prisiones preventivas. Sin embargo, las imputaciones por defraudación y retención indebida siguen vigentes y el expediente continúa en etapa investigativa.
El abogado defensor, Dr. Hernán Echevarría, confirmó la novedad a última hora del jueves. “Nos ha sido favorable la resolución de apelación. Ya no se hablan más de prisiones preventivas y se dejaron sin efecto las fianzas de 30 millones de pesos que pesaban sobre cada imputado”, explicó.
Un caso que expuso fallas administrativas
Todo comenzó en mayo, cuando Verónica Acosta recibió de manera inexplicable en su cuenta bancaria una suma superior a los 500 millones de pesos. Según la defensa, esperaba cobrar apenas $8.000 en concepto de cuota alimentaria. En las 48 horas siguientes, la mujer realizó compras, transferencias a familiares y extracciones que luego desencadenaron una investigación penal.
Los movimientos incluyeron la compra de electrodomésticos, materiales para la vivienda, alimentos y hasta un vehículo. El Gobierno detectó el error administrativo, congeló las cuentas y denunció el hecho ante la justicia. Inmediatamente se dispusieron allanamientos, secuestros de bienes y dispositivos, y se imputó a Acosta y cinco allegados por defraudación y retención indebida.
El Dr. Echevarría insiste en que su clienta no cometió ningún delito. “Se está culpando a quien fue víctima de un error ajeno. No hay ninguna prueba concreta de que Acosta supiera que lo que recibía era indebido”, sostuvo.
A pesar de que la Justicia aún sostiene las acusaciones por la etapa procesal en curso, la resolución favorable obtenida por la defensa representa un alivio para los imputados. “Ahora podemos estar tranquilos y avanzar hacia una solución mediante una mediación con el Gobierno de la Provincia y la Tesorería General”, señaló el letrado.
La jueza de la causa estableció un plazo de cuatro meses para la producción de pruebas. Según Echevarría, ya transcurrieron tres, por lo que se espera próximamente una audiencia de control de acusación, donde se definirá si la causa irá o no a juicio.
En paralelo, la defensa tramita una audiencia de mediación para acordar una salida con el Estado provincial. “Nosotros creemos que, si hay alguna responsabilidad, debe ser compartida solidariamente entre quienes cometieron el error y nuestros defendidos”, indicó.
Sobre los fondos utilizados por Acosta, Echevarría explicó: “La compra ya quedó perfeccionada, pero los bienes fueron secuestrados. Lo que quedó en cuentas y billeteras virtuales también fue incautado. Y si hay alguna diferencia, será parte del acuerdo que pretendemos realizar en la mediación”.
Según fuentes del caso, una parte significativa del dinero fue recuperada, pero aún restan montos que se están rastreando. El caso sigue en plena etapa investigativa, pero la eliminación de las fianzas y el rechazo de la prisión preventiva representan un alivio para Verónica Acosta y los demás imputados. Ahora, las partes buscan una solución conjunta que evite llegar a juicio, mientras se espera la realización de una audiencia clave para el futuro del proceso
