En un fallo histórico, el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema de Brasil (STF) a 27 años y 3 meses de prisión por múltiples delitos vinculados con un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La condena incluye acusaciones de liderar una organización criminal armada, intentar abolir violentamente el Estado democrático de derecho, daño a bienes públicos y patrimonio cultural, entre otros cargos.
El voto mayoritario fue de 4 de los 5 magistrados encargados del caso; solo el juez Luiz Fux se apartó del consenso y votó por la absolución. Bolsonaro está bajo arresto domiciliario desde etapas anteriores del proceso, y el fallo no solo lo condena legalmente sino que lo inhabilita para participar políticamente, al menos bajo los marcos actuales establecidos para elecciones futuras.
Atentar contra la democracia cuesta caro
Esta sentencia marca un antes y un después no solo para Brasil, sino para toda Latinoamérica: demuestra que los intentos de socavar el sistema democrático tienen consecuencias reales. La democracia no es una palabra vacía, ni un adorno institucional, sino un entramado legal y social que, cuando se le ataca, exige una respuesta clara de los tribunales, de la sociedad civil y del Estado. El STF dejó sentado que nadie está por encima de la Constitución.
El juez relator, Alexandre de Moraes, fue categórico: el ex mandatario habría utilizado recursos institucionales, retóricas incendiarias y maniobras políticas para generar un clima de conflicto social tras su derrota electoral, buscando obstaculizar la transición de poder y erosionar los fundamentos del estado democrático.
Internacionalmente, el fallo también causó revuelo: países vecinos y organismos multilaterales lo observan con atención, pues podría sentar un precedente sobre cómo las democracias responden cuando un líder electo busca mantenerse en el poder por vías ilegítimas.
