La mujer que recibió por error $510 millones del Gobierno de San Luis compareció hoy en Villa Mercedes. Se descartó por ahora la prisión, pero se impuso un embargo y se mantiene la acusación de estafa.
Verónica Acosta, la mujer que recibió por error una transferencia de $510 millones por parte del Gobierno de la provincia de San Luis, volvió este martes al centro de la escena judicial al presentarse en una audiencia clave en el juzgado de Villa Mercedes. Pese a que se barajaba la posibilidad de una detención preventiva, el tribunal decidió postergar cualquier resolución firme y tomar un plazo de diez días para definir los próximos pasos en la causa.
La carátula de la investigación sigue siendo por “estafa”, una acusación que la defensa de Acosta considera injusta y basada en una falla administrativa del propio Estado. Durante la audiencia de hoy, se eliminó del planteo inicial la posibilidad de prisión inmediata y también se modificaron las condiciones económicas impuestas: la multa de cinco millones de pesos para cada uno de los imputados fue reemplazada por un embargo.
Según trascendió, Acosta llegó al juzgado visiblemente afectada. Había dejado a sus hijos con la angustia de no saber si volvería a casa, en lo que fue una jornada cargada de tensión emocional. Su entorno más cercano relató que la mujer se había despedido de sus hijos temiendo ser detenida, lo que no ocurrió.
El fiscal de la causa, ahora a cargo de Bazla Casinna, expuso los argumentos del Ministerio Público ante un auditorio expectante. Por su parte, la defensa insistió en que Verónica es víctima de una falla grosera del sistema y no autora de ningún acto delictivo.
En las próximas semanas, se prevé una nueva audiencia donde podrían definirse medidas más claras en torno al rumbo del proceso judicial. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión pública y deja expuesta una preocupante vulnerabilidad en los mecanismos de control administrativo del Estado provincial.
