Una decisión judicial encendió las alarmas en todo el país: un juez federal prohibió a los periodistas y medios de comunicación difundir los audios filtrados que comprometen a Karina Milei y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presuntos sobornos millonarios.
La medida, que en los hechos funciona como un mecanismo de censura directa, desató una fuerte polémica. Para amplios sectores políticos y sociales, se trata de un avance inaceptable contra la libertad de prensa y un intento desesperado del Gobierno de Javier Milei por blindarse frente a un escándalo de corrupción que crece día a día.
Una decisión que huele a mordaza
Aunque en el fallo se argumenta la “protección del proceso judicial”, la prohibición de difundir audios de interés público es interpretada como una mordaza judicial al periodismo, inédita en democracia reciente.
“Estamos frente a un Gobierno que, cuando las pruebas lo comprometen, elige callar a la prensa en lugar de dar explicaciones. Esto no es propio de un sistema republicano, sino de prácticas autoritarias”, señaló un dirigente opositor.
Un Gobierno acorralado
La medida se da en un contexto crítico:
- La investigación judicial reveló un mecanismo de coimas del 8% en contratos de medicamentos y servicios, del cual —según los audios— Karina Milei recibía un 3%.
- El Gobierno, lejos de aclarar, acusa a la oposición y a los medios de “operar políticamente”.
- La prohibición de salida del país para algunos implicados y los allanamientos judiciales demuestran que el caso está lejos de ser un invento político.
Libertad de prensa en jaque
El fallo genera un precedente gravísimo: por primera vez en mucho tiempo, la Justicia avala que el poder político limite qué puede o no publicar la prensa. Periodistas y organizaciones advierten que se trata de un ataque directo a la democracia.
“Cuando un gobierno impide que los ciudadanos conozcan hechos de corrupción, cruza una línea roja. Esto ya no es defensa institucional, es censura al estilo de regímenes dictatoriales”, denunció un referente del sector mediático.
La presión social crece
Mientras tanto, en la calle y en redes sociales, se multiplica la indignación. Muchos ciudadanos ven en esta decisión un símbolo del rumbo que está tomando la gestión de Milei: menos transparencia, más concentración de poder y un desprecio por los controles republicanos.
El Gobierno de Milei enfrenta así una tormenta perfecta: causas de corrupción que avanzan, elecciones desfavorables y ahora un escándalo mayor por una medida que pone en duda su compromiso con la libertad de expresión.
