En un operativo sin precedentes, Juan Grabois –abogado y referente del Frente Patria Grande– fue detenido ayer durante el desalojo del histórico Instituto Juan Domingo Perón, cerrado recientemente por decreto del presidente Javier Milei. Luego de pasar casi doce horas detenido, recuperó la libertad durante la madrugada de hoy.
¿Qué pasó?
- Toma del Instituto: Grabois y un grupo de militantes, junto a diputados como Itai Hagman y Natalia Zaracho, ingresaron al edificio emblemático en Recoleta para manifestarse contra la disolución del Instituto Perón. Aseguraron que la acción fue “pacífica” y sirvió para “defender la memoria histórica”
- Desalojo policial: La Policía Federal intervino con gas pimienta e ingresó al edificio tras romper una puerta de blindex. Detuvieron a Grabois y a un estudiante, Valentín Peralta, acusándolos de “usurpación”, “daños” y “retención de personal policial”
- Orden política, no judicial: El jefe de la PFA, Luis Rolle, declaró que la detención fue “directivas del señor presidente Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich. Esto plantea un cuestionamiento serio: el poder de arresto no corresponde al Presidente o al gabinete, sino que debe basarse en órdenes judiciales.
Liberado esta mañana tras permanecer en la Superintendencia de Investigaciones Federales (Villa Lugano), Grabois insistió: “No tengo una imputación específica… recurrimos a la memoria histórica, a la democracia que este gobierno está avasallando”. También expresó firmeza: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.
Intervención arbitraria del Ejecutivo: La orden directa desde el Palacio de Gobierno viola las normas básicas del proceso penal en democracia, donde solo el Poder Judicial puede autorizar detenciones.
Críticas generalizadas: El Partido Justicialista, dirigentes de la economía popular y organizaciones de derechos humanos calificaron la acción como ilegal e inconstitucional.
Grabois, símbolo de resistencia: Referente de la “economía popular”, cercano al Papa Francisco, reivindica su acción como una defensa de identidad y memoria nacional
La detención de Grabois muestra un Gobierno que recurre al aparato represivo sin respaldo judicial, abriendo una grave puerta a la centralización del poder ejecutivo. Un presidente no puede ordenar arrestos: esa es tarea exclusiva de jueces independientes. Este episodio expone con crudeza el debilitamiento de divisiones institucionales esenciales en una democracia auténtica.
