Un hombre de 39 años fue detenido en la provincia de San Luis acusado de poseer y ofrecer por internet una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, según comunicaron fuentes de la investigación. La investigación comenzó tras una alerta emitida por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, que identificó una cuenta digital registrada en San Luis vinculada a la distribución de contenido ilegal. El reporte data del 21 de febrero de 2025.
Según la imputación de la Fiscalía de Género N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, a cargo de la fiscal adjunta Mercedes García, el acusado acumulaba más de 125 videos y 109 imágenes con contenido de explotación sexual de menores. Muchos de los archivos estaban almacenados en dispositivos móviles, en un pendrive y en cuentas de plataformas como Google Fotos y Telegram. Algunos se ocultaban dentro de una aplicación tipo “calculadora”. Asimismo, la fiscal García señaló que las conversaciones recuperadas en Telegram muestran un “intercambio” activo de contenidos entre el imputado y otros usuarios, lo que agrava la conducta porque no se trata solo de tenencia sino de facilitación y distribución.
Causas abiertas y pedido de prisión
El detenido ya tiene dos causas previas en trámite por abuso sexual, lo que intensifica la gravedad del expediente. La fiscalía solicitó una pena de al menos seis años de prisión para este tipo de delito, de acuerdo a los artículos correspondientes del Código Penal que sancionan la facilitación y distribución de representaciones de menores de edad. Mientras tanto, permanece con prisión preventiva, por al menos 60 días, hasta tanto avance la investigación.
El hecho da cuenta de la magnitud del problema de la explotación sexual infantil digital, donde las plataformas de internet y almacenamiento en la nube son utilizadas para distribución y ocultamiento de material ilícito. Organizaciones internacionales como la NCMEC reciben alertas de compañías como Meta, Google y TikTok cuando se detectan contenidos sospechosos, lo que permitió en este caso la intervención.
La fiscalía continuará recabando pruebas y elevando la causa a juicio. Al mismo tiempo, se espera que la defensoría intervenga para garantizar los derechos del imputado, aunque con este tipo de delito las medidas cautelares suelen mantenerse por el alto riesgo de fuga o entorpecimiento.
