Ariel García Furfaro está detenido por la producción de fentanilo contaminado que causó casi un centenar de muertes. El juez Kreplak desestimó al Ministerio de Salud como querellante, lo que debilita el rol de Lugones justo cuando crece el repudio público y la desconfianza en el sistema sanitario.
Avanza la investigación por la tragedia del fentanilo clínico contaminado: detuvieron a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group (que opera junto al Laboratorio Ramallo), acusado de producir y distribuir lotes del potente analgésico adulterado con bacterias que ya provocaron al menos 96 muertes confirmadas en el país. Esto marca un punto de inflexión en una crisis sanitaria que ha expuesto fallas graves en la regulación y control del sistema de salud.
El juez Kreplak desestima al Ministerio de Salud como querellante
En un giro clave, el juez federal Ernesto Kreplak rechazó la participación del Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa, aunque el Ejecutivo había solicitado sumarse al proceso mediante esa figura jurídica. Su decisión representa un duro revés jurídico para el Ministro de Salud, Mario Lugones, y limita la intervención directa del Estado como parte acusadora en el expediente penal.
Implicancias políticas y sanitarias: ¿qué papel está jugando Lugones?
La figura de Mario Lugones quedó en el centro de las críticas. Durante semanas, el gobierno privilegiado bajo su gestión mantuvo un prolongado silencio sobre el desastre sanitario, mientras se multiplicaban las evidencias de negligencia institucional, en especial por parte de ANMAT, el organismo de control bajo su órbita. Acciones tardías, demoras tras alertas críticas y una política de desregulación de fármacos precedieron la catástrofe.
La percepción pública respecto al Ministerio también es devastadora: en una encuesta de Poliarquía, el 31 % responsabiliza al Ministerio de Salud, superando a los laboratorios (13 %) y organismos de control (9 %), mientras que un 68 % cree probable que los laboratorios tuvieran protección política, y un 80 % afirmó estar preocupado por la seguridad de los medicamentos.
Salud pública en crisis: el daño ya está hecho
Con casi 100 muertos, cientos de pacientes infectados y más lotes contaminados bajo investigación, la confianza en el sistema sanitario está muy debilitada. Familias de víctimas organizaron marchas exigiendo emergencia sanitaria, justicia penal y detención de los responsables. Asimismo, reclaman que no se archive la causa y se investigue hasta las últimas consecuencias.
¿Y ahora qué?
Judicialmente, se profundiza la causa: ya hay inhibición de bienes y arrestos; la renuncia del Ministerio como querellante podría limitar el peso del Estado en el proceso.
Políticamente, Lugones y su gestión encaran una crisis mayúscula: de confirmarse negligencia en la ANMAT, su permanencia y credibilidad estarán seriamente cuestionadas.
Sanitaramente, urge una reforma profunda en la cadena de producción y fiscalización de medicamentos: trazabilidad, control de calidad y respuesta rápida a alertas deben ser prioridad.
