El Congreso de la Nación argentina cerró una semana clave al revocar el veto presidencial del Javier Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad, pero el gobierno volvió a generar incertidumbre al promulgar la normativa sin ponerla en marcha. El mismo patrón se reitera ahora con las leyes de emergencia pediátrica —emblema del Garrahan— y el financiamiento universitario, generando un nuevo capítulo de conflicto entre poderes. El rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad fue contundente: la Cámara Alta votó 63 a 7 para anular la decisión del presidente, en un hecho que marca un revés político para el Ejecutivo. La norma tiene por objetivo ampliar las prestaciones, actualizar las pensiones y mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero el Gobierno cuestionó su costo fiscal y la ausencia de fuentes de financiamiento específicas.
En paralelo, esta semana se promulgaron las leyes de emergencia pediátrica (Ley Garrahan) y de financiamiento universitario tras la insistencia del Congreso para ratificar los proyectos vetados por Mieli. Sin embargo, en los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que dichas leyes no se aplicarán hasta que el Parlamento defina claramente los fondos necesarios. Esta dualidad —aprobar leyes pero congelar su ejecución— encendió la movilización de trabajadores del Hospital Garrahan, personal universitario y organizaciones de discapacidad, que denunciaron que “no más excusas” para poner en funcionamiento normativas aprobadas.
La maniobra suma desgaste político para el Gobierno de Milei en un contexto electoral donde la disputa legislativa es clave. El rechazo al veto muestra que su bloque no controla completamente el Congreso, y la demora en la ejecución de leyes sensibles alimenta la disconformidad social. Además, la continuidad de la salud pública y la educación como temas prioritarios coloca al Ejecutivo frente a una prueba de gobernabilidad: demostrar si puede traducir palabras en hechos y normas en acciones.
