Docentes rurales reclaman una mesa de diálogo urgente
El cuerpo docente de las Escuelas Secundarias Generativas Rurales de la provincia de San Luis, junto con su Coordinación General, presentó el pasado 25 de septiembre una carta dirigida al ministro de Educación Guillermo Araujo, al director de Escuelas Autogestionadas y Generativas Alberto Lazo y al jefe de Subdirección Maximiliano Valdeón, solicitando con urgencia la apertura de una mesa de diálogo. El reclamo busca abordar cuatro temas centrales: Equiparación salarial, Seguridad laboral, reconocimiento del trabajo docente en el ámbito rural y canales de comunicación institucional efectivos entre las autoridades y las escuelas. A casi un mes de haber sido presentada la nota, el Gobierno provincial no ha emitido ninguna respuesta, lo que profundiza la preocupación y el malestar del cuerpo docente.
Contexto y reclamos.
El pedido se enmarca en un contexto de descontento generalizado entre los trabajadores estatales, motivado por la falta de una recomposición salarial real. En lo que va de 2025, la gestión del gobernador Claudio Poggi aplicó un aumento del 25 % a comienzos del año (12,5 % en febrero y 12,5 % en abril) y un 6 % adicional en julio, lo que representa un 31 % acumulado, muy por debajo de la inflación del período. Los docentes rurales advierten que estos incrementos no alcanzan para cubrir la pérdida del poder adquisitivo, ni contemplan las particularidades del trabajo en las zonas rurales, donde las distancias extensas, la falta de recursos y la precariedad estructural agravan las condiciones laborales. A esta situación se suma un hecho de extrema gravedad: ninguno de los docentes cuenta con un contrato firmado o documento que respalde su relación laboral. Esta falta de formalización impide acceder a derechos laborales básicos, como licencias por enfermedad o permisos particulares. En el circuito rural, no se permiten faltas, aun cuando los docentes deben viajar decenas o cientos de kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo, muchas veces sin condiciones mínimas garantizadas, como agua potable, energía eléctrica o conexión a internet. Además, la mayoría del personal docente tiene asignadas 35 horas semanales, las cuales solo permiten sumar 5 horas más en otro cargo. Sin embargo, esas 35 horas no contemplan el pago por doble cargo ni el adicional por zona rural, lo que representa una clara desigualdad frente a otros niveles o modalidades educativas dentro del mismo sistema provincial. De esta manera, los educadores rurales cumplen una carga horaria completa, pero sin los beneficios ni reconocimientos económicos correspondientes, pese a desempeñarse en condiciones mucho más exigentes. Los docentes sostienen que esta realidad vulnera no sólo sus derechos, sino también el derecho de los estudiantes rurales a recibir educación en condiciones dignas, justas y equitativas.
El comunicado concluye con una advertencia clara:“Si no hay avances concretos antes de fines de octubre, el cuerpo docente tomará otras medidas de reclamo en defensa de nuestro trabajo y de la educación pública rural.”A pesar del cansancio y las dificultades, los docentes reafirmaron su compromiso con los estudiantes y con el derecho a una educación pública de calidad, reclamando simplemente ser reconocidos, escuchados y respetados.
