Documentos incorporados a una causa en Estados Unidos y difundidos por la prensa argentina señalan que el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, figura en registros contables como receptor de un giro por US$200.000 fechado el 1 de febrero de 2020 desde un fideicomiso vinculado al empresario Federico “Fred” Machado —detenido y con pedido de extradición por causas que incluyen narcotráfico, fraude y lavado—. Tras la difusión, bloques opositores en la Cámara de Diputados exigieron su remoción como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Qué dicen los documentos y cómo se llegó a este punto
- Según notas periodísticas que examinaron expedientes y peritajes contables ligados a una causa abierta en el Distrito Este de Texas, una contabilidad interna del fideicomiso que manejaban Federico Machado y su socia incluye una fila con el nombre de José Luis Espert y el apuntado giro de US$200.000 (1/2/2020). Esas planillas figuran como pruebas o anexos en el expediente estadounidense que investiga la red.
- La exposición pública del dato contable fue utilizada por actores políticos y por denunciantes en la Argentina para pedir que se investigue la posible vinculación de recursos cuestionados con financiamiento de campañas. El dirigente Juan Grabois y otros referentes anunciaron acciones judiciales en el país partiendo de esa documentación.
Reacciones políticas y pedidos de remoción
- El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, publicó en su cuenta X que “José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto” y anunció que su bloque exigirá la remoción inmediata, argumentando que no es aceptable que la presidencia de una comisión tan sensible esté a cargo de un legislador con vínculos señalados con un imputado por narcotráfico. El pedido fue replicado por otros referentes opositores.
- Diferentes medios consignan que otros diputados —incluyendo voces de la oposición— sostienen que la presencia de Espert al frente de esa comisión compromete la credibilidad del debate del Presupuesto 2026.
Qué dijo Espert
- Ante las publicaciones, Espert negó que exista un vínculo ilícito y calificó la difusión como una “campaña sucia” en su contra; reconoció actos públicos y viajes en aeronaves prestadas en 2019 pero sostuvo que no conocía los supuestos hechos que hoy se le imputan. Sus declaraciones y descargos fueron recogidos por medios que también relatan la existencia de videos y agradecimientos públicos previos hacia Machado.
Evidencias públicas
- No es la primera vez que la relación entre Espert y Federico Machado aparece en la agenda mediática: en 2019 hubo registros públicos (agradecimientos, vuelos y vehículos vinculados a la campaña) que alimentaron desde entonces sospechas y preguntas sobre el origen de apoyos logísticos y económicos a movimientos y candidatos del espacio liberal. Las nuevas planillas contables halladas en el expediente estadounidense reavivan aquellos interrogantes.
- Importante: los documentos citados provienen del expediente y del trabajo de fiscales/peritos en Estados Unidos y han sido reproducidos y analizados por medios argentinos; lo que hoy se publica son indicios y registros contables incorporados a una investigación. Corresponde a la Justicia —en EE. UU. y, eventualmente, en la Argentina— verificar la trazabilidad del dinero, determinar responsabilidad penal si corresponde y definir si hubo delito. Espert niega irregularidades y la causa sigue su curso.
Si las aseveraciones que hoy difunden documentos judiciales se confirman tras las investigaciones, sería legítimo afirmar que la transparencia y la legitimidad de la Coalición y de quienes ocupan cargos clave (como la presidencia de la Comisión de Presupuesto) quedan severamente comprometidas. Más aún: quienes desde posiciones públicas impulsan la persecución de la corrupción y exigen estándares éticos al resto deberían ser coherentes y permitir que la investigación avance con rapidez, transparencia y sin interferencias.
Igualmente, conviene recordar un principio democrático básico: la presunción de inocencia es una garantía para todos. Ahora bien, pedir que se aplique ese principio exclusivamente cuando conviene —o negarlo según la conveniencia política— erosiona la institucionalidad. Si alguien renuncia a la defensa universal de las garantías procesales porque “no cree” en la presunción de inocencia, pierde legitimidad para exigir su respeto cuando el caso lo favorezca; la coherencia pública exige defender las reglas del juego para todos y no selectivamente.
