Una vez más, el gobierno provincial protagoniza un escándalo por una transferencia bancaria millonaria mal cursada: esta vez fueron $90 millones enviados por error a una cuenta equivocada, lo que marca el tercer episodio similar en lo que va del año.
¿Qué pasó esta vez?
Según fuentes oficiales, el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, fue informado del error mientras viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires y ordenó de inmediato rastrear el dinero y notificar a los organismos financieros involucrados. Se sospecha que el incidente se originó por un “error de tipeo o distracción”.
Tercera falla financiera consecutiva
Esta transferencia se suma a otros dos graves errores anteriores. El primero ocurrió en mayo, cuando Verónica Acosta, de Villa Mercedes, esperaría aproximadamente $8.000 por cuota alimentaria y en su lugar recibió $510 millones en su cuenta de Mercado Pago, enviada desde el Ejecutivo provincial.
Lejos del mea culpa institucional, el gobierno denunció a Acosta y a cinco familiares, imputándolos por defraudación al Estado, retención indebida y uso indebido de tarjeta de débito. Se les impuso una fianza de $5 millones por persona (total $30 millones) y prisión preventiva, aunque la Justicia luego anuló ambas medidas.
Verónica declaró que pensó que el monto era de $500.000, no de $510 millones, y alegó que “con tanta necesidad”, destinó el dinero a necesidades básicas, compras para su hogar e incluso un auto Ford Ka del 2014–15. Su defensa sostiene que actuó de buena fe, sin intención delictiva.
Este nuevo episodio intensifica el debate sobre la responsabilidad del Estado en errores administrativos y la desproporción de la respuesta penal. En el caso de Acosta, aunque se recuperó más del 90 % del dinero, el caso dejó en evidencia la doble vara institucional: una persona humilde es imputada penalmente, mientras no hay imputaciones contra el funcionario que cometió el error.
El error no fue fortuito: es el tercer desvío mayor en meses, y tras un fallo administrativo, el gobierno elige la vía judicial y la criminalización en lugar de admitir responsabilidad. Sin embargo, con estos antecedentes, la credibilidad de la administración provincial está cada vez más comprometida y genera un fuerte llamado de atención sobre la transparencia y eficacia en la gestión pública.
