El abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja, la escribana Andrea del Valle Escudero Hernández, fueron sancionados judicialmente en el marco de un resonante caso de corrupción, falsedad documental y tráfico de influencias en Villa Mercedes, San Luis. El Tribunal Oral Federal de esa ciudad resolvió suspender el juicio a prueba y aplicar medidas restrictivas y económicas a ambos profesionales, quienes intentaron recuperar ilegalmente casi 19 millones de pesos incautados por la Policía en una causa vinculada al lavado de dinero.
Según el fallo emitido el 8 de mayo, tanto Albarracín como Escudero Hernández quedarán inhabilitados para ejercer sus respectivas profesiones por el plazo de un año. Además, cada uno deberá pagar una multa de $400.000 a la Asociación Civil Merendero Comedor “Carita de Ángel”, localizada en calle Olagaray 1222 de Villa Mercedes. El pago deberá realizarse en diez cuotas mensuales de $40.000, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio judicial ante cualquier incumplimiento.
La resolución también incluye otras reglas de conducta, como fijar residencia y reportar cualquier cambio, y someterse al control del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPRES).
El proceso judicial contra la pareja se originó tras un operativo policial realizado el 8 de julio de 2020 en la localidad de Buena Esperanza. En el contexto de restricciones por la pandemia de COVID-19, la policía requisó tres camionetas donde viajaba una familia que regresaba de Córdoba, y descubrieron más de 18 millones de pesos en efectivo, junto con armas y municiones. El dinero fue incautado, y comenzó una investigación que derivó en una causa federal por presunto lavado de activos.
A partir de entonces, Albarracín, en calidad de abogado de los involucrados, fue acusado de haber solicitado dinero a tres miembros de la familia para intentar sobornar al juez federal Juan Carlos Nacul, a fin de recuperar los fondos retenidos. La Justicia también determinó que intentó influir en la causa para evitar que su pareja escribana enfrentara cargos, ya que ella había intervenido en la escritura de compraventa de un campo —operación que, según se comprobó, incluyó datos falsos.
La escribana Escudero Hernández habría insertado una declaración apócrifa en el documento notarial, indicando que la compraventa se realizó por $4 millones, cuando en realidad el monto real fue cercano a los $20 millones. También señaló falsamente que el vendedor recibió el pago antes de firmar, cuando los fondos fueron entregados en efectivo durante el acto.
El fallo del Tribunal Oral Federal se constituye en un duro golpe para los profesionales, conocidos en el ámbito legal local. En 2024, ya habían sido procesados y embargados por $10 millones para garantizar eventuales gastos judiciales.
Este caso ha sacudido los cimientos de la justicia regional y genera preocupación por la ética profesional de quienes, en teoría, deben velar por la legalidad. La comunidad jurídica y la sociedad civil de San Luis observan con atención el desarrollo del caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción institucional.
Se espera que en los próximos días la Asociación “Carita de Ángel” emita una declaración sobre el destino de los fondos recibidos como reparación, los cuales serán utilizados para continuar con su labor de asistencia alimentaria a niños y familias en situación de vulnerabilidad.
