Un nuevo escándalo sacude al Gobierno nacional luego de que el Banco Nación preadjudicara un contrato por $3.933 millones a Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. Hasta diciembre de 2023, la firma pertenecía a Menem; luego transfirió sus acciones a su hermano Adrián Menem.
Detalles del contrato
El acuerdo, con una duración inicial de 24 meses y posibilidad de dos prórrogas anuales, contempla brindar servicios de seguridad en sedes clave del Banco Nación, como Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, la torre de Funcionarios y el Aeroparque Jorge Newbery . Otra firma propuesta, Briefing Security, presentó una oferta muy inferior (cerca de $237 millones)
En redes sociales y medios opositores, se denuncia que el contrato representa una evidente forma de nepotismo y favoritismo estatal, y que refleja un retorno a viejas prácticas de la década menemista. El periodista Manu Jove calificó el episodio como “la confirmación del resurgir de los noventa” y lo definió como un claro caso de “corrupción menemista”.
Este caso también despierta fuerte rechazo por parte de sectores políticos y ciudadanos que consideran que quienes llegaron al poder prometiendo erradicar la “casta” están replicando las viejas redes de privilegios estatales. Esto contrasta con el discurso de austeridad impulsado por el presidente Javier Milei, quien lidera un gobierno que ha implementado recortes para el conjunto social, no exento de controversias .
Tech Security SRL fue fundada en 2005 y despliega una activa presencia en eventos masivos y deportivos —como la seguridad en partidos de River Plate, clubes y certámenes internacionales organizados por Conmebol y FIFA— y también ha trabajado para organismos estatales y municipales desde hace más de una década.
Desde mayo de 2024, la empresa también fue contratada para proporcionar seguridad en el acto de presentación del libro del presidente Milei en el Luna Park, en una operación valorada en cerca de $35 millones.
El gerente general de la firma, Pablo Ariel Vázquez, tiene antecedentes en seguridad deportiva (exjefe de seguridad de River Plate; oficial en Conmebol/FIFA) y lidera los contratos institucionales de alto perfil.
Mientras el Gobierno promete reducir el tamaño del Estado y terminar con los privilegios históricos de ciertos sectores, esta adjudicación millonaria pone en evidencia que algunos grupos vinculados políticamente continúan capturando contratos estratégicos del Estado. Para muchos manifestantes en redes sociales, “los que llegaron a combatir la casta se están llevando todos los contratos del Estado mientras el pueblo sufre el ajuste infernal de Milei”.
Este contrato vuelve a poner en el centro del debate la urgencia de mecanismos más transparentes en las contrataciones públicas. La afinidad política y familiar entre los Menem y el círculo de poder actual reaviva la sospecha de un direccionamiento en las licitaciones estatales. El contraste entre el discurso de austeridad gubernamental y la realidad de adjudicaciones millonarias a personas vinculadas al poder genera una profunda condena social y política.
