El 26 de febrero, un jet privado aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con valijas que no fueron controladas por Aduana. El episodio se conoció días después de la polémica por la estafa de la criptomoneda $LIBRA y vuelve a poner en duda la transparencia del gobierno de Javier Milei.
El gobierno enfrenta una nueva crisis por la llegada irregular de 10 valijas sin revisión aduanera a través de un vuelo privado desde Miami. La denuncia golpea directamente la credibilidad de la gestión de Javier Milei y de su promesa de “transparencia total”.
El caso tuvo lugar el 26 de febrero en el Aeroparque Jorge Newbery. Un jet privado de la empresa Royal Class, vinculada a Leonardo Scatturice —dueño actual de Flybondi y uno de los recaudadores de fondos para la cumbre CPAC organizada por Milei— aterrizó con una pasajera, Laura Belén Arrieta, y dos tripulantes. A bordo venían 10 valijas, pero solo se declararon cinco ante la Aduana.
Las imágenes obtenidas por TN muestran cómo personal aduanero y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) escoltó a los ocupantes sin someterlos a escáneres ni revisiones. El dictamen preliminar del Ministerio Público Fiscal describe la medida como una “decisión expresa y directa” de no inspeccionar el equipaje, pese a no haber saturación en el sistema que lo justificara.
La diputada Coalición Cívica–ARI y otros legisladores denunciaron que la orden de “no revisar nada” debió haber venido “de arriba” y exigen explicaciones oficiales. El periodista Carlos Pagni relató en LN+ que “una orden de arriba dijo ‘no hay que mirar nada acá’”.
También se pidió identificar a funcionarios que participaron y analizar los videos y registros migratorios. El hecho generó dudas sobre si se habilitó el ingreso de valijas con contenido no declarado o mercancía cuestionable.
La explicación oficial
Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que Arrieta fue sometida “a todos los controles de rutina” de Aduana y que no hubo irregularidades detectadas. Agregó que el avión cumplió con los procesos exigidos durante todo su estadía en territorio nacional. Sin embargo, el dictamen del Ministerio Público Fiscal contradice esta versión, ya que observa lagunas en el monitoreo del avión en el hangar y ausencia de control sobre las valijas restantes.
Este episodio llega en un momento delicado para el Gobierno: el escándalo de $LIBRA sigue fresco en la memoria ciudadana, y ahora se suma uno vinculado a la falta de controles aduaneros a personas próximas al entorno de Milei. La sospecha es que se estaría privilegiando a ciertos vuelos privados, con potencial para actividades ilícitas o ingreso de equipaje sin declaración.
El impacto político es claro: cuestiona a un Gobierno que se jacta de “mano dura y transparencia”, pero permite maniobras que apuntan a la discrecionalidad y el favoritismo presidencial. El caso está ahora en manos de la Justicia y la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas), que ya solicitó informes y registros oficiales.
