Ayer por la noche, José Luis Espert publicó un video para responder a la acusación que lo vincula con una transferencia de US$200.000 atribuida al empresario Federico “Fred” Machado, detenido y reclamado por EE. UU. por delitos de narcotráfico y lavado. La pieza buscaba despejar sospechas; sin embargo, lejos de cerrar el debate, su contenido ha sido interpretado por la prensa y analistas como una defensa endeble que reafirma los peores temores: que el político que siempre exigió transparencia ahora evade.
En su mensaje, Espert reconoció que tuvo “gestos de apoyo” y vínculos logísticos con Machado en campañas pasadas (viajes, uso de vehículos), pero enfatizó que esos apoyos no implican participación en maniobras ilegales. Evitó responder con contundencia si recibió los US$200.000, calificó la acusación como una “operación política” encabezada por Juan Grabois, y prometió que, de ser necesario, comparecerá ante la Justicia. El problema es que cuando un político exige presunción de culpabilidad para sus adversarios pero cuando recae una sospecha sobre él apela al “yo lo explico después”, pierde autoridad moral.
Que Espert no haya dicho con claridad “no recibí ese dinero” abre un vacío peligroso. Los documentos incorporados a una causa en Estados Unidos detallan un registro contable con su nombre, imputando ese giro. No es un rumor: es un indicio que exige trazabilidad bancaria, contratos y justificativos. Por ahora, esa evidencia pesa más que las excusas. La denuncia penal presentada por Grabois ya obliga a la Justicia argentina a actuar. Y mientras tanto, Espert preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el órgano que decide cómo se distribuye el dinero público. Que alguien sospechado de vínculos con fondos cuestionables siga al mando de esa instancia es un agravio institucional.
La dimensión moral del episodio no puede ignorarse: Espert solía erigirse como juez ético de los demás, denunciando corruptos y proponiendo “limpieza” en la política. Hoy, esa retórica choca contra su propia sombra: su negativa a asumir desde lo inmediato la acusación transmite temor más que dignidad. Su discurso de transparencia, confrontación y defensa institucional se difumina cuando el primero que debe aplicarlo es él mismo.
En una democracia, los ciudadanos merecen más que palabras calculadas y videos estratégicos: merecen claridad, responsabilidad y coherencia. Que la defensa pública de Espert sea tan endeble evidencia que en lugar de disipar la sospecha, la fortalece. Y en política, eso no se perdona fácil.
