El intendente Maximiliano Frontera presentó y ratificó en sede judicial una querella penal y una demanda civil contra la concejal electa Andrea Quiroga y su esposo, el abogado Carlos Cobo, a quienes acusa de haberlo difamado durante la última campaña municipal. Según el escrito, la pareja “montó denuncias inexistentes” para perjudicar su imagen y condicionar el voto ciudadano.
La presentación, patrocinada por el penalista Pascual Celdrán, se sustenta en el artículo 245 del Código Penal (falsa denuncia) y en el artículo 45 (coautoría). Frontera reclama reparación económica y exige que se abra una investigación que podría derivar en penas de hasta seis años de prisión.
“No se halló ningún delito; todo fue archivado por falta de pruebas. Usar la Justicia para hacer campaña es gravísimo y debe tener consecuencias”,
Celdrán en diálogo con distintos medios, anticipó que si la fiscalía imputa formalmente a Quiroga “se pedirá su desafuero” para que enfrente el proceso sin fueros.
La primera denuncia —presentada por Quiroga y Cobo— acusaba a Frontera de malversar fondos y emitir cheques sin respaldo. Aquella causa fue archivada en 2023 y nuevamente desestimada este año; la fiscalía concluyó que “no existió ilícito alguno”. El intendente sostiene que ese planteo sólo buscaba titulares mediáticos y recuerda que su gestión fue avalada por el Concejo Deliberante y el Tribunal de Contralor.
Si la investigación prospera y la jueza dicta procesamiento, Celdrán pedirá al Concejo el juicio político y el desafuero de Quiroga, tal como habilita la Carta Orgánica municipal. De concretarse, la edil podría perder la banca antes de asumir o quedar suspendida mientras dure el proceso.
El frente que lidera Frontera, ganó con amplio margen en 2025, afirma que la “falsa denuncia” pretendía instalar dudas sobre la transparencia de su administración. “Pueden criticarme como gestor; lo que no aceptaré es que me llamen ladrón sin pruebas”, remarcó al salir del Juzgado de Instrucción.
Frontera busca sentar precedente contra el “uso electoral de la Justicia”; el expediente quedó radicado en el Juzgado Penal Nº 2, que deberá citar a declarar a las partes en los próximos días
