El Gobierno de Javier Milei oficializó esta semana la desregulación del sistema eléctrico argentino, un cambio de fondo que implicará el fin casi total de los subsidios energéticos y el traslado directo del costo a las tarifas que pagan los usuarios. Luego de años de debate, la resolución 400/2025, publicada por el Gobierno, marca el principio del “mercado mayorista libre”, en el que ya no actuará como intermediario central la empresa pública CAMMESA
¿Qué cambió?
– La resolución 400/2025 elimina el rol de Cammesa como comprador y proveedor central de combustible para generadoras eléctricas y habilita que estas puedan negociar directamente con los distribuidores o grandes usuarios desde el 1º de noviembre de 2025.
– Al mismo tiempo, el Ejecutivo afirmó que busca reducir el peso de los subsidios de energía del 0,6 % del PIB actual al 0,5 % para 2026. Para esto, los hogares de ingresos más altos pagarán la tarifa plena; los de ingresos medios el 67% del costo; y los de menores recursos, el 43%.
– Los subsidios existentes al gas y electricidad para amplios sectores populares y medios fueron ya recortados: en 2025 la bonificación para segmentación N2/N3 cayó respecto de 2024.
¿Cómo afecta a las familias?
Este giro tendrá efectos directos en el bolsillo de millones de argentinos. Hasta ahora, gracias a los subsidios, muchos hogares cubrían entre 44% y 53% del costo mayorista de energía; con la medida, ese porcentaje subirá al 67% promedio para usuarios residenciales, lo que implica un aumento inevitable de la factura.
Por ejemplo, un usuario en la región metropolitana que hoy paga subsidio por zona fría podría ver su factura de gas o electricidad incrementarse en decenas de miles de pesos si pierde ese beneficio. En la presentación del Gobierno se señaló que un hogar con factura de $30.000 podría saltar a unos $51.000 sin subsidio.
El impacto no se limita al consumo doméstico: los aumentos energéticos se trasladan a la logística, el transporte, los alimentos y otros servicios que utilizan electricidad o combustibles. Esto significa que la presión sobre el presupuesto familiar —especialmente de sectores medios y vulnerables— se intensificará en los próximos meses.
Qué pasará de ahora en más?
Con la entrada en vigencia de estas medidas, se espera que las distribuidoras y generadoras comiencen a trasladar los nuevos costos en la facturación. Según cálculos oficiales, el cambio será escalonado, pero la hoja de ruta indica que gran parte del ajuste ocurrirá este mismo año.
Para los hogares, será clave ajustar hábitos de consumo, mejorar eficiencia energética (aislamiento, artefactos eficientes) y preparar el presupuesto familiar ante facturas más elevadas.
Políticamente, la medida exhibe un desafío: el Gobierno avanza sin un acuerdo amplio con todos los sectores y provincias, lo que podría generar tensión social si los incrementos energéticos se combinan con otros aumentos de servicios o alimentos.
