Una medida del Gobierno de San Luis que aplica retenciones por Ingresos Brutos sobre el uso de billeteras virtuales ha desatado fuertes críticas entre comerciantes, consumidores y trabajadores. Aunque el gravamen alcanza únicamente a usuarios inscriptos en el régimen tributario, en la práctica los comercios trasladan el impuesto a los precios, lo que implica un nuevo golpe al bolsillo en un contexto de creciente crisis económica nacional.
Desde el 1° de junio, las transacciones realizadas a través de billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá o Modo sufren una deducción automática del 1,6 %, como parte del sistema de recaudación implementado por la provincia. Sin embargo, lejos de absorber el costo, muchos comerciantes han optado por incrementar los precios para cubrir el tributo, lo que ha generado una ola de indignación en redes sociales y protestas en medios locales.
“Cada vez que pago con QR me cobran más caro que en efectivo. Esto es impagable”, expresó una vecina del centro puntano.
Además, se han detectado casos frecuentes en los que se aplica la retención incluso a personas que no están inscriptas como contribuyentes, afectando a usuarios que utilizan la billetera virtual solo para transacciones personales o familiares.
“Mi hijo me transfirió para pagar los remedios y me descontaron como si fuera una empresa”, denunció otra ciudadana en una emisora local.
La situación se agrava aún más en un país donde la inflación erosiona día a día el poder adquisitivo, los salarios están estancados y los servicios básicos no dejan de aumentar. Para muchos trabajadores y familias de bajos recursos, esta nueva carga impositiva representa una barrera adicional para acceder a medios digitales de pago que, hasta ahora, ofrecían cierta comodidad y seguridad frente al manejo de efectivo.
“Estamos siendo castigados por usar herramientas digitales. El gobierno busca recaudar más y el pueblo vuelve a pagar la cuenta”, opinó un comerciante de barrio.
La recaudación por esta vía representa una fuente significativa de ingresos para el Estado provincial, en un momento donde los fondos provenientes de la Nación se ven reducidos. No obstante, desde distintos sectores advierten que este tipo de medidas no solo afectan el consumo, sino que debilitan la economía local, especialmente a pequeños comercios y trabajadores informales.
La Cámara de Comercio ha expresado su preocupación y pedido que se revise la normativa. Pero hasta el momento, la presión fiscal continúa creciendo y el costo de vivir en San Luis sigue en alza, mientras crece el malestar ciudadano.
