El gobierno nacional salió a celebrar con bombos y platillos el reciente dato del Indec que reveló que la pobreza bajó al 31,6 % en el primer semestre de 2025 (desde 38,1 % en el semestre anterior) y que la indigencia cayó al 6,9 %. Esas cifras marcan el piso más bajo en siete años.
Sin embargo, tan pronto como se conocieron los resultados, la Universidad Católica Argentina (UCA), a través de su Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), advirtió que la caída del índice está sobrerrepresentada. Según el organismo académico, la mejora existe, pero el grado de alivio social que las cifras oficializan está inflado por fallas metodológicas del Indec.
Entre los principales cuestionamientos de la UCA figura el hecho de que el Indec mide la pobreza únicamente por ingresos. En contextos volátiles —con inflación alta y precios que cambian rápido— esa medida puede perder precisión, especialmente cuando las canastas básicas no se actualizan al día con los cambios reales de consumo, tarifas y hábitos sociales.
Según la UCA, se suman dos factores que distorsionan la comparación histórica:
- La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mejoró su capacidad para capturar ingresos laborales y no laborales (gracias a ajustes en cuestionarios y mejor registro en menor inflación), lo que sube mecánicamente los niveles de ingreso relevados.
- Las canastas básicas usadas para determinar las líneas de pobreza están construidas a partir de consumos de 2004-2005, sin actualizaciones suficientes. En un escenario donde las tarifas, servicios regulados y bienes esenciales cambiaron mucho, esas canastas pueden subestimar los costos reales de la vida.
Para la UCA, entonces, la caída del 52,9 % al 31,6 % entre 2024 y 2025 no se debe celebrar sin matices: la mejora capturada por el Indec responde en parte a ajustes técnicos o metodológicos que facilitan la reducción estadística de pobres más que un salto real y uniforme del poder adquisitivo.
Mientras tanto, en las calles esa baja parece difícil de ver. En muchos barrios, el alza de precios, las tarifas, el encarecimiento de alimentos, servicios y transporte siguen pesando más que cualquier porcentaje que salga en un informe. Las familias que vivieron de “ajustes” constantes no sienten que su situación haya cambiado sustancialmente.
Este debate pone sobre la mesa una pregunta clave: si los datos oficiales maquillan o suavizan la crisis, ¿cómo diseñar políticas sociales que lleguen realmente a quienes siguen sufriendo?
El gobierno celebra, los técnicos discrepan, y los ciudadanos —los más golpeados— siguen esperando que las cifras oficiales se traduzcan en alivio real, tangible y perceptible día a día.
