En apenas 48 horas, el caso de Verónica Acosta, madre de familia de Villa Mercedes, se volvió viral en todo el país. La razón: recibió por error una transferencia de más de 500 millones de pesos del Gobierno de San Luis, y hoy está siendo tratada como una delincuente por el mismo Estado que cometió el fallido operativo.
Lo que Verónica esperaba era una cuota alimentaria de $8.000. Lo que recibió fue una suma millonaria depositada por un error administrativo de un contador del Gobierno provincial. En lugar de asumir su responsabilidad institucional, el Estado provincial optó por judicializar el caso, montar un espectáculo mediático y señalar a Verónica como la culpable de una situación que jamás provocó.
Con ese dinero, Verónica no compró lujos ni se fugó del país. Adquirió alimentos, una heladera, un microondas, una mochila de inodoro, cerámicos para su casa —que hasta ese momento tenía el piso de tierra— y ayudó a familiares cercanos con pequeñas transferencias. “Nunca compré sushi ni un auto, como dicen algunos medios”, aclaró públicamente, desmontando las versiones maliciosas difundidas para desprestigiarla.
Lejos de actuar con intenciones fraudulentas, su entorno asegura que Verónica nunca fue notificada oficialmente del error. Su abogado, Hernán Echevarría, lo explicó con claridad: “Se enteró por su excuñada, que le mandó una nota por WhatsApp. Mientras la leía, llegó la policía”. Y agregó: “La están tratando como una criminal cuando lo único que hizo fue usar una parte de ese dinero para necesidades básicas. No tiene antecedentes, tiene domicilio fijo y no había ninguna orden formal de restitución del dinero”.
El Gobierno de San Luis recuperó el 90% de los fondos, según datos oficiales, pero eso no impidió una brutal avanzada judicial. La jueza de Garantías dispuso una fianza de $30 millones para Verónica y otros cinco familiares, con solo tres días para abonarla, bajo amenaza de prisión preventiva. En total: $180 millones exigidos a personas sin antecedentes ni recursos.
Para muchos, la medida no es solo excesiva, sino una maniobra política del gobierno provincial para tapar su propia torpeza. Hasta ahora, el contador responsable del error no fue imputado ni investigado, y la narrativa oficial apunta todos los cañones contra una mujer trabajadora que intentó mejorar su calidad de vida en un contexto social crítico.
La reacción de la opinión pública no se hizo esperar: los medios nacionales recogieron su testimonio y las redes sociales se volcaron masivamente en su defensa. La indignación crece: mientras quienes provocaron el escándalo siguen en sus cargos, una madre sin antecedentes enfrenta una maquinaria judicial desproporcionada.
Verónica lo resume con una frase que resuena en toda la Argentina:
“No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”.
