Miles de personas con discapacidad, sus familiares, prestadores de servicios y profesionales se movilizaron ayer frente al Congreso y en plazas de todo el país para exigir la revocación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación surgió tras el pronunciamiento de Javier Milei, quien bloqueó la norma aprobada por el Congreso que contemplaba aumentos para pensiones, talleres protegidos y aranceles ajustados para prestaciones fundamentales.
Desde temprano se congregaron personas con diversos grados de discapacidad y sus acompañantes, acompañados por pancartas con consignas como “No al veto”, “Un veto total no es austeridad: es abandono” y “¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?”. El Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que se trató de una decisión de exclusión y falta de responsabilidad del Estado frente a los sectores más vulnerables.
Represión y tensión frente al Congreso
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal y Gendarmería, ordenado por la ministra Patricia Bullrich. En medio de la protesta pacífica, se registraron empujones y tratos violentos hacia personas con discapacidad, provocando momentos de alta tensión. Testigos relataron que la fuerza avanzó con escudos, incluso mientras manifestantes jugaban con burbujas de jabón junto a menores y adultos con necesidades especiales.
Para muchas familias, las agresiones fueron dramáticas: “Me da más miedo que mi hijo pierda sus terapias que que me pegue un policía”, declaró una madre en medio del cordón de seguridad. Finalmente la Gendarmería se retiró luego de fuertes reproches por parte de los manifestantes y la comunidad que rodeaba la Plaza del Congreso.
El presidente vetó no solo la ley de discapacidad, sino también otras medidas aprobadas por el Congreso como un aumento de pensiones y la moratoria previsional. Milei justificó su decisión afirmando que el gasto pondría en riesgo el equilibrio fiscal: según el gobierno, las medidas representarían hasta un 1 % del PBI en 2026, y su argumento fue contundente: “no hay plata”.
Las organizaciones, en cambio, afirman que el presupuesto requerido era mínimo — aproximadamente 0,03 % del PBI— y que el veto representa un abandono estatal hacia quienes menos tienen. Además, destacaron que muchos prestadores no reciben pagos desde hace meses y que las pensiones actuales no alcanzan a cubrir costos básicos de vida y tratamiento
