El presidente argentino, Javier Milei, firmó el decreto 332/2025 que disuelve la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada tres meses atrás para indagar el escándalo de la criptomoneda $Libra, promovida por él mismo. La medida generó fuertes críticas de la oposición, que la considera un intento de encubrimiento y una señal alarmante en un país cansado de la corrupción.
El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó en sus redes sociales la criptomoneda $Libra, impulsando su valor inicial. Pocos días después, el activo colapsó tras una venta masiva, dejando a miles de inversores con pérdidas millonarias y beneficiando a un reducido grupo de operadores vinculados al entorno presidencial. La justicia argentina y estadounidense investigan a Milei, su hermana Karina y varios empresarios internacionales por presunta manipulación de mercado y fraude financiero.
El gobierno argumentó que la UTI había cumplido su tarea al recopilar información y remitirla al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no se difundieron informes oficiales ni resultados concretos de la investigación. La Oficina Anticorrupción, que también debía investigar el caso, permanece bajo control del Ministerio de Justicia y ha perdido autonomía desde la llegada de Milei al poder.
La oposición denunció que el cierre de la UTI busca garantizar la impunidad del presidente. El diputado Nicolás del Caño afirmó que “nunca quisieron investigar nada porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa”. La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó: “¿Y el informe? Bien, gracias”.
En el Congreso, los bloques opositores intentan reactivar la comisión parlamentaria para investigar el caso, bloqueada hasta ahora por el oficialismo. Mientras tanto, la justicia continúa las investigaciones sobre Milei y su entorno.
La disolución de la UTI sin resultados concretos y la falta de transparencia en el manejo del caso $Libra representan un retroceso en la lucha contra la corrupción en Argentina. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, este episodio refuerza la percepción de que las élites políticas pueden eludir la rendición de cuentas, socavando la confianza pública y debilitando la democracia.
La sociedad argentina, harta de escándalos de corrupción, exige respuestas claras y justicia efectiva. El caso $Libra se convierte así en un test crucial para evaluar el compromiso del gobierno con la transparencia y la legalidad.
