El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto total a dos proyectos aprobados por el Congreso: uno que establecía una suba del 7,2 % en las pensiones jubilatorias y otro que declaraba emergencia en el ámbito de discapacidad, con ampliación de beneficios y cobertura sanitaria para personas con invalidez.
La decisión presidencial, que será oficializada mediante un decreto el lunes en el Boletín Oficial, se alinea con su prioridad de mantener el déficit cero y el superávit fiscal, y describe ambas iniciativas como medidas “fiscalmente inviables” que pondrían en riesgo un acuerdo crucial con el FMI por más de 20.000 millones de dólares.
Milei calificó la aprobación de estas normas como un “intento de golpe institucional” por parte de sectores del kirchnerismo en el Congreso, y justificó su veto señalando el impacto económico: un gasto adicional de entre el 1 % y 1,5 % del PIB nacional, sin una fuente clara de financiamiento.
La oposición, sin mayoría propia en ambas cámaras, ahora encara un desafío legislativo complejo: para revocar el veto se necesita el apoyo de al menos dos tercios en cada cámara, algo muy difícil en el escenario actual donde el oficialismo logró asegurar respaldo de bloques aliados circunstanciales, incluidos gobernadores no peronistas.
Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires miles de jubilados, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron frente al Congreso para manifestar su rechazo al veto. Hubo enfrentamientos con la policía, uso de gas lacrimógeno y un fuerte reclamo en defensa del poder adquisitivo de los mayores, quienes denuncian que las políticas del Gobierno recortan sus ingresos mientras perdona impuestos a sectores más acomodados.
El rechazo no quedó ahí: tras la validez del veto en Diputados (153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones), se ventiló que el presidente celebró con un asado en la residencia oficial junto a diputados que respaldaron la medida, lo que provocó críticas por considerarlo insensible en un contexto de alta pobreza y crisis social.
Desde la Casa Rosada defendieron la decisión como una muestra de coherencia con el plan económico oficial, basado en la contención del gasto público y la consolidación de reservas fiscales. Según funcionarios, la ley previsional vetada representaba una amenaza real al plan presupuestario.
Este veto marca un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y la oposición, en un contexto de elecciones legislativas inminentes y creciente presión social. La hipótesis ahora es si la oposición logrará los votos necesarios para invalidar la medida, o si el plan del Gobierno seguirá adelante sin obstáculos reales.
