El Gobierno oficializó este viernes el aumento de los derechos de exportación al complejo sojero, maíz y girasol, con un incremento del 93 % en algunos subproductos. El campo advierte sobre destrucción de la competitividad, menor producción y fuga de divisas.
A través del Decreto 439/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial y con vigencia desde el 1° de julio, el presidente Javier Milei restableció las retenciones a la soja, maíz, sorgo y girasol, confirmando así el fin del breve alivio fiscal que regía desde enero.
Detalles del incremento
La soja (grano) pasará del 26 % al 33 %, y sus derivados—harina y aceite—subirán del 24,5 % al 31 %, lo que implica un aumento acumulado del ~93 % en esas alícuotas.
El maíz y el sorgo subirán del 9,5 % al 12 %, y el girasol del 5,5 % al 7 %.
En contraste, las retenciones de trigo y cebada se mantendrán reducidas (9,5 %) hasta marzo de 2026, a condición de liquidar el 90 % de las divisas en 30 días hábiles.
Organizaciones como CARBAP y CONINAGRO criticaron duramente la medida, señalando que su objetivo es “destructivo, desigual y reduce rentabilidad, inversión y empleo en las regiones rurales”. Aseguran que el retroceso en competitividad será inmediato y profundo.
Efectos negativos para la economía argentina
Profundización de la primarización: con más presión fiscal sobre los granos, se incentiva la exportación de materias primas frente a actividades de mayor valor agregado (industria, agroindustria), restringiendo el desarrollo económico diversificado.
Menor producción y empleo rural: la suba afecta la rentabilidad, lo que podría contraer la superficie sembrada y poner en riesgo miles de empleos vinculados al agro .
Menor ingreso de divisas: el agro provee una parte sustancial de las divisas del país; la desinversión y caída productiva amenazan el nivel de liquidación actual, afectando reservas y equilibrios fiscales .
Pérdida de competitividad internacional: los precios de exportación domésticos se adelgazan, debilitando la posición argentina frente a Brasil, EEUU o Paraguay.
El Gobierno sostiene que la medida busca “preservar el equilibrio fiscal” ante restricciones cambiarias y falta de divisas, y que el impacto en el PBI será limitado. No obstante, desde el campo se cuestiona la inconsistencia de haber anunciado una baja temporal para luego revertirla abruptamente, sin avisos previos sólidos.
El aumento de retenciones, con incrementos de hasta el 93 % en subproductos del complejo sojero, representa otro paso que agrava la estructura primarizada de la economía argentina. Al castigar al sector que aporta casi el 85 % de las divisas del agro y frenar la industrialización, la medida no solo limita las perspectivas del campo, sino que también compromete las reservas, la inversión y el crecimiento a mediano y largo plazo.
