Mientras el Gobierno busca controlar la población de carpinchos en Nordelta, crecen las críticas de ambientalistas y científicos que advierten: los verdaderos invasores no son los animales, sino el desarrollo inmobiliario sobre humedales.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, anunció esta semana un plan de control de la población de carpinchos en el barrio privado Nordelta, en Tigre, Buenos Aires. La medida incluye el traslado de hasta 70 ejemplares a una isla del Delta y la aplicación de una vacuna anticonceptiva de una sola dosis, en un intento por frenar la reproducción de estos animales nativos.
Según explicaron desde la cartera ambiental, los carpinchos seleccionados para el traslado pertenecen a tres familias en “situación de riesgo”, debido a la creciente interacción con vehículos, mascotas y residentes. La medida llega luego de que se reportaran al menos 43 atropellamientos fatales de carpinchos en lo que va del año.
“No estamos hablando de una erradicación ni de una caza. Estamos trabajando con expertos para proteger tanto a los animales como a los vecinos”, sostuvo Scioli en declaraciones a la prensa.
Sin embargo, la iniciativa no tardó en despertar fuertes críticas por parte de biólogos, científicos y organizaciones ambientalistas. Para muchos, la medida es apenas un parche que no ataca el problema de fondo: la ocupación urbana de zonas que históricamente pertenecieron a los humedales y su fauna.
La otra cara del conflicto
Desde sectores académicos, especialmente del Conicet, calificaron el plan como “una improvisación política sin sustento técnico”. Cuestionan que los traslados forzosos alteran el comportamiento natural de los carpinchos, que son animales sociales y territoriales.
“Los carpinchos no invadieron Nordelta. Nordelta invadió el hábitat de los carpinchos. Es absurdo plantear el problema como si fueran plagas”, expresó la ecóloga Marina Pérez, integrante de la Red de Humedales del Litoral.
Para muchos ambientalistas, la proliferación de carpinchos en barrios cerrados de Tigre es una consecuencia directa de la urbanización sobre ecosistemas frágiles, sin regulaciones suficientes y con escasa planificación ambiental.
Además, recordaron que aún no se ha aprobado una Ley de Humedales, demorada por años en el Congreso nacional por presiones de sectores agroindustriales e inmobiliarios.
El conflicto reaviva un debate más profundo: el modelo de desarrollo urbano que prioriza el negocio inmobiliario por sobre la conservación de la naturaleza. Mientras algunos vecinos de Nordelta denuncian daños a jardines, mascotas heridas o miedo al contacto con la fauna, otros celebran la presencia de animales nativos como un privilegio y un recordatorio del entorno natural.
En redes sociales, la controversia estalló con el hashtag #LosCarpinchosSonDeAhí, en defensa de los roedores. Muchos usuarios remarcaron que la verdadera intrusión fue la del cemento, no la de los animales.
El anuncio del ministro Scioli no pasa desapercibido. Pone en evidencia una contradicción central: se quiere reubicar a los animales originarios del lugar, pero no se cuestiona el avance urbano sobre su hábitat.
Más allá de los planes de traslado y vacunación, el verdadero desafío parece ser otro: replantear el vínculo entre las ciudades y la naturaleza, y asumir que la convivencia no se logra desplazando a los otros, sino respetando el equilibrio que nos precede.