Villa Mercedes, martes 8 de julio de 2025 — En una batería de decretos firmada este lunes, el gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y del Instituto Nacional del Cáncer (INC), además de la disolución del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, dentro de su plan de “achicamiento del Estado”. Las medidas generaron fuertes críticas por su impacto directo en el acceso a servicios esenciales y derechos de los ciudadanos
El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que, en el último día de facultades delegadas, se aprobó el cierre de Vialidad Nacional, que deja sin empleo a unos 5.500 trabajadores y desmantela el mantenimiento de 118 rutas que suman más de 40.000 km. En simultáneo, se dispuso la eliminación del INC, que será absorbido por el Ministerio de Salud, y del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares.
El ministro Federico Sturzenegger, responsable de la reestructuración, anunció que habrá un acto en Casa Rosada para conmemorar la “fiesta del ajuste” junto a unas 200 personas involucradas en la ejecución de los decretos.
Salud pública en crisis
El INC, creado en 2010, tenía a su cargo programas de prevención y detección de cáncer, incluyendo atención infantil, epidemiología y cuidados paliativos. Desde hace meses, sus actividades venían siendo recortadas: ya no se garantizaban medicamentos para el dolor ni se mantenía personal especializado.
Organizaciones médicas y asociaciones civiles advirtieron que el cierre amenaza la continuidad de tratamientos, investigación y políticas sanitarias nacionales. Además, el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares—aunque recientemente creado—también fue disuelto, dejando sin acción a otro organismo de salud pública.
Infraestructura vial en jaque
La desaparición de Vialidad Nacional pone en riesgo la conservación y reparación de rutas fundamentales, especialmente en regiones rurales y transitadas. Según el sindicato STVyARA, esto podría generar lo que califican como “rutas nacionales de la muerte“.
Los cierres se enmarcan en la estrategia de Milei de reducir el gasto público en alrededor de 5 puntos del PBI, eliminando más de 200 organismos, 34.000 empleados públicos y múltiples ministerios y entes estatales.
Aunque el gobierno aduce que estas acciones “eliminan duplicidades” y mejoran eficiencia, críticos apuntan a un ajuste brutal que postergará derechos básicos como la salud, tránsito seguro, medicación, tratamientos y acceso a rutas transitables.
Las instituciones afectadas deberían ser absorbidas o reordenadas dentro del nuevo organismo ANES (Administración Nacional de Establecimientos de Salud), cuya creación se anunció en el mismo paquete de decretos. Sin embargo, el riesgo de lagunas operativas reales es alto, sobre todo en la atención oncológica y el control vial.
El cierre de Vialidad, el Instituto del Cáncer y otros organismos, sin un plan equiparable de refuerzo en las provincias, representa un retroceso en derechos fundamentales. En medio de una sociedad que ya sufre la inflación, la pobreza y la desinversión, este golpe baja aún más la calidad de vida y profundiza la desigualdad.
