Un nuevo y contundente golpe al narcotráfico tuvo lugar en la ciudad de Villa Mercedes, como resultado de una investigación de largo alcance dirigida por el Juzgado Federal local, a cargo del juez Juan Carlos Nacul. La operación, conocida como “Red Narco”, implicó más de treinta allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad y zonas cercanas, con participación de las divisiones especializadas de la Policía de San Luis, Policía Científica, Comando Radioeléctrico y los grupos UROP 1 y 2.
Durante los procedimientos, se logró el secuestro de más de 6,3 millones de pesos en efectivo, además de una importante suma en dólares, euros y reales. También se incautaron numerosos dispositivos tecnológicos, como notebooks, teléfonos celulares, discos duros, pendrives y documentación clave para la causa. En materia de estupefacientes, se hallaron alrededor de 50 gramos de cannabis sativa –equivalentes a unas 200 dosis– y en otros puntos hasta un kilo de cocaína, además de armas de fuego, balanzas de precisión y otros elementos de corte.
La causa judicial tiene entre sus principales implicados a Juan Carlos Insúa, un dirigente sindical que ya había sido detenido en junio de 2024 con más de un kilo de cocaína. En esta nueva etapa de la investigación, fueron arrestadas doce personas, entre ellas Diego “El Gaucho” Funes, señalado como líder operativo de la red en Villa Mercedes, y varios miembros de su entorno familiar. Cuatro personas permanecen prófugas. Las indagatorias apuntan a cargos graves como jefatura de una organización narcocriminal y tráfico con fines de comercialización, delitos que contemplan penas de hasta veinte años de prisión.
El juez Nacul destacó que el operativo permitió “cortarle la cabeza a la serpiente” al desarticular a los principales líderes de una organización que, según estimaciones, habría movilizado hasta seis kilos de cocaína por semana, generando un circuito económico de más de dos mil millones de pesos en apenas seis meses. Además, advirtió que la investigación no está cerrada: resta analizar la información contenida en más de 50 teléfonos celulares incautados y se espera avanzar con nuevas medidas en la provincia de Buenos Aires, desde donde la banda también operaba.
Desde el Gobierno provincial, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, subrayó la importancia de este avance en la lucha contra el narcotráfico y anunció la próxima instalación de una base de Gendarmería Nacional en el sur de San Luis para reforzar el control de rutas y accesos clave.
El juez Nacul, que ha encabezado diversas acciones similares en los últimos años, reiteró que el enfoque de su juzgado es anticiparse al delito mediante inteligencia criminal, coordinación institucional y la activación rápida de medidas judiciales. Con este nuevo operativo, se reafirma una línea de trabajo sostenida y sistemática contra las redes narco que operan en la región, con vínculos cada vez más complejos entre provincias y países limítrofes.
La causa continúa en desarrollo y se prevé que en los próximos días se definan nuevas imputaciones y medidas procesales. El mensaje de la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad es claro: no habrá margen para la impunidad ni para el avance del narcotráfico en la provincia.
