Los habitantes vuelven a encontrarse con malas noticias en los surtidores: en menos de 30 días, el precio de los combustibles tuvo cinco incrementos sucesivos, con un promedio de suba cercano al 8 %. La eliminación de la obligación de informar los aumentos por parte de las petroleras deja a los usuarios sin previsibilidad: solo se enteran cuando llegan a la estación de servicio.
Los incrementos aplicados no son uniformes: cada petrolera define su esquema de subas y eso genera diferencias entre provincias e incluso entre ciudades dentro de una misma jurisdicción. En San Luis, por ejemplo, se registran variaciones entre estaciones de Villa Mercedes, San Luis capital y Merlo, lo que impide hablar de un único valor de referencia. En algunos casos, los ajustes promedian entre un 7% y un 9% en lo que va de septiembre, con brechas notorias respecto de lo que se paga en provincias vecinas como Córdoba o Mendoza. Esta disparidad obliga a los consumidores a encontrarse con el nuevo precio recién al momento de cargar combustible, sin información previa y con aumentos que se suman al fuerte impacto del impuesto a los combustibles líquidos.
El último incremento oficial de impuestos sobre los combustibles se dispuso el 29 de agosto. Según lo establecido, los aumentos deben aplicarse entre el 1° y el 30 de septiembre.
- Para nafta sin plomo y nafta virgen, el impuesto líquido es de $10,523 por litro.
- Para gasoil, se suman $8,577 por monto fijo actualizado más $4,644 adicionales por tratamiento diferencial.
Estas actualizaciones se enmarcan en la Ley 23.966, que obliga a ajustar trimestralmente los valores de combustibles en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El sistema fue reglamentado por el Decreto 501/2018, que fijaba aumentos en enero, abril, julio y octubre. Sin embargo, diferentes decretos presidenciales fueron postergando su aplicación, generando cronogramas de diferimientos que hoy impactan todos juntos en los bolsillos.
Con la Resolución 717/2025, el Ministerio de Economía eliminó el sistema que obligaba a informar los aumentos en tiempo real. Ahora, los consumidores no tienen forma de anticipar subas y deben asumir los incrementos de golpe. Estacioneros y asociaciones de consumidores alertan que esta falta de transparencia favorece a las petroleras y perjudica a los ciudadanos.
El nuevo aumento llega en un contexto de inflación elevada y salarios rezagados. Los costos del transporte, la producción y la logística se disparan con cada suba, trasladándose en cadena a los precios de alimentos y bienes básicos.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei sigue buscando financiamiento externo y defendiendo un “mercado libre de combustibles”, aunque las medidas recientes benefician a las grandes empresas y a sectores con mayor poder adquisitivo, en detrimento de los trabajadores y pequeños productores.
