Durante su estadía en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente argentino Javier Milei mantuvo una reunión con el expresidente de EE. UU. Donald Trump, en la que éste le brindó su “respaldo total” para la reelección.
En ese marco, el gobierno argentino confirmó que está en negociaciones avanzadas con el Tesoro de Estados Unidos para obtener un préstamo que ayude a afrontar vencimientos de deuda por alrededor de US$ 8.500 millones en 2026.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, mencionando herramientas como swaps de divisas, compra de deuda argentina o inyección directa de reservas.
Aunque circuló la cifra de un préstamo por US$ 30.000 millones, el canciller Gerardo Werthein la descartó como exagerada y aseguró que no hubo conversación formal en esos términos. Mientras tanto, la economía argentina enfrenta una fuerte presión cambiaria. Se han vendido reservas para sostener el peso frente al dólar y el gobierno eliminó temporalmente las retenciones para aumentar el ingreso de divisas antes de las elecciones de Octubre.
Equipos oficiales confirmaron que la reunión entre Milei y Trump duró unos 15 minutos. Tras el encuentro, el presidente argentino agradeció públicamente el respaldo y calificó el momento como “extraordinario”.
Lo que podríamos estar presenciando no es solo una negociación financiera: es un momento decisivo para la autonomía política y económica de Argentina. Porque cuando un Estado recurre a préstamos con condiciones externas para sostener su economía, corre el riesgo de convertir decisiones fundamentales en favor de intereses ajenos.
El riesgo de las imposiciones encubiertasUn préstamo del Tesoro estadounidense probablemente venga acompañado de condiciones políticas o económicas: reformas ajustadas, controles más férreos, vigilancia externa. Nada regala Trump, ni EE. UU.La negociación podría evitar el Congreso, debilitando uno de los pocos controles institucionales que quedan. El senador Martín Lousteau ya advirtió que podría diseñarse algo que no pase por el tratamiento parlamentario.
Si se evita la votación pública, el poder ejecutivo queda con más margen para imponer políticas económicas sin rendir cuentas reales. Hace poco, el gobierno eliminó las retenciones para fortalecer el ingreso de dólares, una medida que beneficia al sector exportador, pero a costa de sacrificar recursos fiscales vitales para el Estado. Esa decisión se suma a denuncias previas: que gran parte de las divisas del blanqueo, fondos del FMI y cosechas han sido canalizadas en maniobras financieras que favorecen a quienes tienen más recursos. Es un ciclo que perpetúa la desigualdad.
Mientras tanto, los más afectados no son los grandes empresarios ni los que mueven capitales: son los jubilados, los discapacitados, los pacientes del sistema público de salud, los trabajadores precarizados. En los ajustes de gasto público, esos rubros son recortados primero. Hoy, más que un debate sobre números, es una batalla sobre qué tipo de país queremos: uno dependiente y sometido, o uno que pueda decidir sus propios destino
