Verónica Acosta, una madre de Villa Mercedes, San Luis, enfrenta cargos judiciales tras recibir por error una transferencia de $510 millones del Gobierno provincial, cuando esperaba una cuota alimentaria de apenas $8.000. Al no advertir el error, gastó gran parte del dinero en compras personales y transferencias a familiares. Ahora, la Justicia le exige una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva.
El 6 de mayo, Acosta descubrió en su cuenta bancaria una suma millonaria proveniente de una cuenta oficial de la administración provincial. En pocas horas, retiró y distribuyó el dinero a través de 66 transferencias, además de destinarlo a la compra de diversos bienes como un auto, electrodomésticos y materiales para su vivienda. Según su testimonio, pensó que se trataba de un beneficio estatal o incluso “un regalo de Dios”.
Al detectar el error, el tesorero del gobierno local presentó una denuncia ante la Justicia. Las autoridades lograron congelar la cuenta y realizaron allanamientos en su vivienda, incautando bienes y dispositivos electrónicos. La fiscal de la causa calificó el accionar como una “maniobra delictual” con el objetivo de vaciar la cuenta y apropiarse indebidamente del dinero.
Como resultado, Acosta y cinco de sus allegados fueron imputados por los delitos de defraudación al Estado y retención indebida. La jueza subrogante del Juzgado de Garantía N.º 3 ordenó que cada uno de los acusados deberá pagar una fianza de $30 millones en un plazo de tres días hábiles para evitar la prisión preventiva. De no cumplir con ese requisito, podrían ser detenidos.
El abogado defensor de Acosta sostiene que se trata de personas humildes que fueron víctimas de un error estatal, no de delincuentes. Argumenta que la medida es “exorbitante e imposible de cumplir”, y que la responsabilidad recae en el Estado por el grosero error administrativo.
Mientras tanto, el caso ha generado debate en Argentina sobre la responsabilidad gubernamental en errores administrativos y la proporcionalidad de las sanciones judiciales. La falta de información sobre el origen y destino de los fondos transferidos también ha suscitado interrogantes sobre posibles irregularidades dentro del Gobierno provincial.
En resumen, si Verónica Acosta no logra reunir la suma exigida por la Justicia en el plazo establecido, podría enfrentar prisión preventiva, a pesar de que el error inicial fue cometido por el propio Estado.
