El Ministerio de Salud de la Nación oficializó hoy, mediante la Resolución 2214/2025 publicada en el Boletín Oficial, una nueva etapa en la digitalización del sistema sanitario: a partir de ahora, todas las recetas médicas, incluidas las de medicamentos, estudios, tratamientos y dispositivos, deberán emitirse únicamente en formato electrónico.
La medida, que forma parte del plan de modernización impulsado por el gobierno de Javier Milei, establece que las recetas deberán confeccionarse a través de plataformas digitales registradas en el sistema nacional. Además, cada prescripción deberá incluir el número de CUIL del paciente y un código de identificación único, que garantizará la trazabilidad del tratamiento médico.
Desde el Gobierno destacan que la implementación busca mejorar la transparencia, reducir errores y eliminar la falsificación de recetas. Sin embargo, el anuncio despertó fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en salud pública, organizaciones de jubilados y referentes sociales, quienes advierten que la medida podría dejar afuera a miles de personas sin acceso a tecnología o sin conocimientos para utilizarla.
El costado olvidado de la digitalización
La decisión, si bien representa un avance en términos de eficiencia, pone en jaque a una franja vulnerable de la población: los jubilados y las personas que viven en zonas sin conectividad. Muchos adultos mayores no manejan teléfonos inteligentes ni correo electrónico, y algunos ni siquiera tienen línea de celular. “Mi médico ahora me manda la receta por WhatsApp, pero yo no tengo celular. Tengo que pedirle ayuda a mi nieta”, cuenta Marta, de 74 años, jubilada del PAMI.
En ese sentido, si bien el sistema de recetas electrónicas del PAMI ya funcionaba desde hace años, siempre existieron alternativas complementarias, como presentar un código impreso o dictado por teléfono. Ahora, la obligatoriedad del nuevo formato –que incluye no solo medicamentos, sino también estudios clínicos, órdenes de internación o dispositivos médicos– genera incertidumbre entre quienes no están familiarizados con herramientas digitales.
Zonas rurales y desconectadas, otra preocupación
Otro de los focos críticos está puesto en las regiones del país donde la conectividad a internet es débil o inexistente. Si bien la resolución contempla la posibilidad de seguir utilizando recetas en papel de forma excepcional en estas zonas, no detalla cómo se implementará el control, ni qué sucede si un profesional no cuenta con los dispositivos adecuados. En muchos casos, los consultorios rurales carecen de computadoras o personal capacitado para operar plataformas digitales.
Desde el Ministerio de Salud aseguraron que se establecerán plazos progresivos para la adaptación total del sistema y que se trabajará junto a provincias y municipios para garantizar el acceso. Sin embargo, especialistas advierten que la digitalización no puede imponerse sin garantizar infraestructura ni acompañamiento, ya que puede traducirse en barreras al acceso a la salud.
Un avance con deudas sociales
El decreto establece que en un plazo máximo de 120 días todos los prestadores deberán estar integrados al sistema digital, incluyendo aquellas farmacias y obras sociales que hasta ahora mantenían un modelo mixto. La implementación será gradual, pero el espíritu de la norma es claro: eliminar por completo la receta en papel.
Mientras tanto, las asociaciones de jubilados y centros de salud comunitarios reclaman que se creen puntos de asistencia presencial, en hospitales y farmacias, donde las personas puedan imprimir sus recetas o recibir ayuda para acceder al sistema. También se proponen líneas telefónicas gratuitas y campañas de capacitación digital para adultos mayores.
La medida, celebrada por sectores vinculados a la innovación y al control sanitario, muestra su lado más problemático al poner de relieve una brecha que aún no ha sido saldada: la brecha digital, que en Argentina sigue dejando afuera a millones.
