La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó un operativo masivo de control que incluyó la inspección y detención de ómnibus escolares con niños a bordo, sin que mediaran causas claras ni sospechas individuales. El hecho generó un fuerte rechazo ciudadano y puso en debate el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
¿Qué ocurrió?
- La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) interceptó colectivos escolares con alumnos menores de edad, obligando a descender del vehículo y a presentar documentación sin motivo aparente.
- En al menos un caso, se detuvo un micro escolar de La Matanza que transportaba alumnos a una excursión al Planetario porteño.
- Bullrich justificó la intervención como parte de un operativo contra casos de “terrorismo” y “seguridad nacional”, aunque los pasajeros y sus padres afirmaron no haber cometido ninguna infracción.
La acción generó preocupación jurídica y social, ya que implica:
- Requisas sin causa: detener ciudadanos y tomar fotos o datos sin orden judicial o razones objetivas viola garantías constitucionales.
- Acoso y temor: padres y alumnos relataron miedo e intimidación ante un procedimiento sin explicación.
- Desplazamiento de derechos: varios legisladores de Unión por la Patria anunciaron acciones legales por violación a la Ley de Inteligencia 25.520, al considerar que se vulneraron derechos de privacidad de los ciudadanos.
El oficialismo, a través del decreto 383/2025, habilitó a la PSA a vigilar redes y detener personas sin orden judicial, con el argumento de combatir delitos complejos, narcotráfico y terrorismo. Pero críticos advierten que este poder ilimitado convierte a los ciudadanos en sujetos de sospecha solo por circular con normalidad.
Diputados opositores anunciaron denuncias contra Bullrich por violar normas de inteligencia y civilidad en operativos . Ciudadanos expresaron su “miedo y desconcierto” en redes sociales: “No nos dejan parar ni en estaciones de servicio. Nos bajan del micro, nos piden el DNI… ¿Qué clase de país es este?”, relataron afectados que viajaban a movilizaciones políticas. Diversos organismos de derechos civiles cuestionan el uso de la policía como herramienta de control social, y piden al Congreso revisar los límites a la PSA.
Derechos vulnerados: libertad de circulación, privacidad, integridad personal, presunción de inocencia. Precedente peligroso: la idea de que las fuerzas puedan detener colectivos escolares abre el camino a controles masivos arbitrarios. Debate institucional: mientras el Gobierno reivindica la “ley y el orden”, la oposición y los especialistas en seguridad piden un freno legal y garantías democráticas.
El operativo ordenado por Patricia Bullrich marca un antes y un después en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Cuando se detiene a personas —incluso niños— sin pruebas ni motivo, se erosiona la confianza y el principio del Estado de derecho. El desafío para la democracia consagratoria es encontrar el equilibrio entre seguridad y libertad.
